Distintas reacciones generó el fallo conocido el pasado jueves, en el que el Pleno de la Corte Suprema revirtió la decisión del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), que había removido por acoso sexual al administrador zonal de la CAPJ en Copiapó, Álex Muñoz Prado, sancionándolo, en cambio, por “haber vulnerado las obligaciones especiales a que está sujeto en su condición de personal directivo”.

Por siete votos contra cinco, el máximo tribunal estimó que la conducta desplegada por el administrador zonal no constituía acoso sexual, pese a que confirmó que incurrió en “acercamientos o contactos físicos innecesarios e indebidos, y profirió expresiones lascivas que vulneraron la dignidad de las funcionarias”.

La diferencia entre los ministros surge de la interpretación que hizo cada uno de la definición de acoso sexual que el propio Poder Judicial fija en el Acta Nº 103-2018, que establece protocolos para prevenir y denunciar esta conducta, en cuanto debe contener “requerimientos de carácter sexual no consentidos”.
En opinión del voto de mayoría, ese es “el elemento distintivo” de esta figura.

“Debe interpretarse de manera restringida”
Así, para la penalista Catherine Lathrop, “más allá de no desconocer que las conductas son inapropiadas y reprochables, respecto de un funcionario y superior jerárquico, el fallo de mayoría me parece relevante, desde la perspectiva de la tipicidad”.

Lo anterior, dice la abogada, porque “se aplica correctamente el principio de legalidad respecto del concepto de acoso sexual esbozado; su definición se ajusta a derecho al entender que la acepción ‘requerimiento’ debe interpretarse de manera restringida y no amplia”, consigna El Mercurio Legal.

“Retroceso en las políticas de género”
Mientras que las también penalistas Joanna Heskia y Libertad Triviño advierten que la sentencia evidencia una regresión en las normativas que la propia judicatura ha establecido en estas materias.

“El fallo de mayoría es un tremendo retroceso en las políticas de género dentro del Poder Judicial”, al hacer una “interpretación reduccionista del concepto de acoso sexual, el que —a mi juicio— no se condice con lo que la propia acta señalada, y más importante aún, contradice principios establecidos, tanto en el ordenamiento interno como en el internacional”, afirma Heskia.

Y agrega que “un organismo tan jerárquico como el Poder Judicial debe ser muy estricto con este tipo de comportamientos, toda vez que la libertad de las víctimas se ve reducida por la propia naturaleza de la organización”.

Por su parte, Triviño estima que se está ante una resolución contradictoria, “considerando todo el trabajo que la misma Corte Suprema, que el mismo Poder Judicial, ha tratado de sacar adelante. Eso es lo más lamentable del fallo”.
Dice que al analizar el acta —revisada en septiembre—, “si bien es efectivo que la definición de acoso sexual habla de ‘requerimiento’, después se dan ejemplos (…), hay varias conductas de las que se acusa a este señor, que no se han controvertido” y enumera: “Gestos y piropos lascivos, acercamiento o contacto físico innecesario, requerir información sobre actividades de índole sexual. Basta con un gesto, con un piropo lascivo, para entender que estos se comprenden como acoso sexual, por algo la misma norma del Poder Judicial pone el ejemplo”.

“No necesariamente representa a la mayoría de la Corte Suprema”
La profesora de la Universidad Austral Consuelo Murillo plantea que “al realizar una interpretación tan restrictiva (…), la Corte Suprema está realizando un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres trabajadoras, de desarrollarse laboral y profesionalmente en un ambiente libre de violencia, acoso y discriminación”.

Aunque comparte las críticas a la resolución, también contextualiza: cinco magistrados no pudieron participar de la votación del Pleno al haber resuelto en primera instancia la expulsión de Muñoz Prado.
Se trató de los ministros Haroldo Brito, Guillermo Silva, Gloria Ana Chevesich, Manuel Valderrama y Jorge Dahm, quienes integran el Consejo Superior de la CAPJ.

“Si bien me parece una muy mala noticia, no soy pesimista, ya que esta decisión se explica, en parte, ante la imposibilidad que hubo de que concurrieran a la decisión los ministros y ministras que habían participado del Consejo Superior del Poder Judicial”, dice Murillo. Y apunta: “Cuando hablamos de esta decisión, por fortuna no necesariamente está representando la visión de la mayoría de la Corte Suprema”.

La Asociación de Magistradas Chilenas cuestionó la resolución

“‘El Poder Judicial no acepta el acoso sexual’ se nos dijo en la campaña de hace no mas de 2 años. Se nos dijo que ‘clavar la mirada en el escote’, ‘una palmadita de cariño’, ‘hacerle insinuaciones al oído’, ‘si se te acerca más de la cuenta’, ‘si te acaricia el pelo’ o ‘te da un beso cuneteado’, son manifestaciones de acoso sexual”, señalaron.

En esa línea, declararon: “Sin embargo hoy, conductas aún más graves no lo serían para una mayoría de la Corte Suprema. Es decir, las mujeres judiciales no estamos seguras en nuestros lugares de trabajo y tal vez se nos insta a silenciar las denuncias”.

“No podemos callar, la ausencia de una perspectiva de género en nuestras sentencias constituye una manifestación de violencia estructural que debe ser erradicada del Poder Judicial”, aducen.

Por su parte, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, señaló que se trata de una “pésima noticia, votó mayoría contraría. ¡Gran trabajo que ha liderado la ministra Muñoz en agenda de género en el Poder Judicial y esfuerzos por erradicar comportamientos inaceptables y graves de quienes lo integran! ¡Gracias ministras Muñoz, Repetto, Maggi y Sandoval y ministro Muñoz por disidencia!”.