La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado en contra de la sentencia que condenó a 6 años de presidio al recurrente, en calidad de autor del delito continuado de violación impropia, en un juicio oral realizado vía telemática.

En fallo dividido (causa rol 104.468-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y la abogada (i) María Cristina Gajardo– estableció que no hubo infracción al debido proceso al realizar el juicio de forma remota.

«(…) esta Corte también ha resuelto uniformemente que el agravio a la garantía del debido proceso debe ser real, en cuanto perjudique efectivamente los derechos procesales de la parte, esto es, que entrabe, limite o elimine su derecho constitucional al debido proceso. Asimismo, se ha dicho que la infracción producida a los intereses del interviniente debe ser sustancial, trascendente, de gravedad, de tal modo que el defecto sea, en definitiva, insalvable frente al derecho constitucional del debido proceso, por cuanto la nulidad que se pretende, en tanto constituye una sanción legal, supone un acto viciado y una desviación de las formas de trascendencia sobre las garantías esenciales de una parte en el juicio, en términos que se atente contra las posibilidades de actuación de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento. (SCS Roles N° 2866-2013, N° 4909-2013, N° 21408-2014, N° 4269-19, N° 76689- 20 y Nº 92059-20)», reitera el fallo.

La resolución agrega: «Que, en este entendido, la declaración de nulidad requiere que sea formalmente establecida alguna actuación defectuosa que sirva de primer fundamento a la invalidez, pues de ésta han de derivar las consecuencias lesivas para el ejercicio de los derechos de que se trate, y que a estos efectos se entiendan vinculados al artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal».

«Que –prosigue–, en particular, en relación al reproche efectuado por la Defensa, es del caso subrayar, que tal como recientemente ha dicho esta Corte Suprema, las argumentaciones formuladas por la asesoría letrada, tienen el carácter de genéricas, esto es, dicen relación con criterios predicables a todos los juicios de esta clase, y por ello este planteamiento que se hace a este tribunal, claramente, no deriva de la realidad del juicio que nos ocupa. En este aspecto, el recurrente se limita a renovar los fundamentos de sus peticiones, suponiendo una eventual contaminación en los testimonios de los deponentes, por la ausencia de un ministro de fe, sin precisar acabadamente los aspectos que habrían determinado la decisión de condenar a José Sebastián Licán Quicel, atendida su trascendencia y entidad. Lo único concreto que alega la defensa es que los testigos y perito del Ministerio Público no estuvieron presentes en la audiencia del juicio oral, declarando ya sea en dependencias del Ministerio Público o en recintos policiales, sin que estuviera presente un ministro de fe, que constatara las circunstancias en que se produjeron sus testimonios, afectándose de esa forma la fiabilidad de los medios de prueba».

Para la Segunda Sala: «(…) como se evidencia, en esta fundamentación no se sostiene alguna vulneración de derechos o garantías constitucionales que hayan incidido causalmente en el resultado del juicio, de manera sustancial como lo previene la causal de nulidad empleada por la defensa (…). Con todo, valga reiterar que el reclamante no explica a esta Corte -de la manera concreta y específica exigible en un recurso de derecho estricto- cuál es la precisa garantía constitucional personal que le fue desconocida con directa influencia en la sentencia condenatoria dictada en su contra. (CSC Rol N° 59504-20 de 22 de junio de 2020)».

«Que, a mayor abundamiento y en relación a las infracciones del artículo 329 incisos sexto y séptimo del Código Procesal Penal, denunciadas por la asesoría letrada, útil resulta destacar que el citado artículo prescribe que ‘antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír ni ser informados de lo que ocurriere en la audiencia’, norma que tal como afirma la defensa, tiene como propósito evitar un acuerdo entre los testigos y en especial, asegurar que sus testimonios sean prestados sin influencia de terceros, para que de esta manera no se afecte la exactitud y fiabilidad de la información que ellos proporcionan en el juicio oral (SCS Rol N° 37213-17 de 11 de octubre de 2017, Rol N° 76689-20 de 25 de agosto de 2020)», añade.

«Que en estas circunstancias y dado que de los interrogatorios de los testigos y de la perito no surgió dato alguno que hiciera manifiesta la infracción a la norma, la colusión entre ellos y cualquier otra circunstancia que restara merito a sus dichos, las conclusiones extraídas por la Defensa, para la demostración de sus fundamentos constituyen meras impresiones no comprobadas», afirma la resolución.

«Que, por otra parte, conviene subrayar que, la prueba rendida fue sometida al escrutinio de todos los intervinientes, así como del tribunal, bajo el respeto de los principios de bilateralidad de la audiencia, oralidad, publicidad e inmediación, de los que se colige la dualidad de posiciones, la contradicción y la igualdad de las partes; resguardos tenidos en consideración para tutelar la garantía constitucional del debido proceso, especialmente en lo referido al derecho de la defensa, en su dimensión de controlar la prueba de cargo, luego de lo cual los jueces dentro de sus facultades soberanas decidieron asignar pleno mérito a tales declaraciones, por lo que no se advierte infracción de derecho alguna», concluye.Decisión adoptó con el voto en contra del ministro Llanos.