Escribir contra el cuerpo de Carabineros, en este último año, es como actuar sobre seguro; hacer leña del árbol ya caído pero, en honor a la verdad, no está todo dicho.  La reacción del General Director, al sumario incoado por la Contraloría General de la República, obliga a decir un par de cosas tan ciertas como incómodas, para la policía uniformada, claro está.

Habrá que partir por las normas constitucionales que rigen a Carabineros: la Constitución (art. 101, i.2º) señala que son parte de las fuerzas de orden y seguridad pública y que dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.  El inciso siguiente, dice que este cuerpo armado es esencialmente obediente y no deliberante, además es una institución profesional, jerarquizada y disciplinada.

Los hechos demuestran que la Constitución, en esto, es tinta derramada en el papel.  Si el General Director anuncia que, aunque se lo ordenen, él no dará de baja a ningún Carabinero, o como ahora, que se permite calificar el sumario que ordenó la Contraloría como una “arremetida”, con lo cual sugiere que el Contralor tiene algún tipo de animadversión o encono contra la institución, de obediente y no deliberante, nada.  Si el Ministro del Interior le ordena entregar información dentro de cierto plazo, y no lo hace, de jerarquizada y disciplinada, nada.

Con todo, tampoco se sabe en que aspecto es una institución “profesional”.  Las graves fallas en el uso y control de los recursos que se le entregan y que ha dado lugar a un caso judicial donde el monto del perjuicio fiscal es incalculable; la opacidad en sus contrataciones, la total ausencia de actividad de inteligencia (cuyos recursos, al parecer, fueron desviados); la torpeza que exhiben sus mandos para explicar los “casos aislados” de inexcusable violencia policial revelan lo que el gobierno, apoyando a Carabineros, y la propia institución quieren ocultar: el cuerpo de Carabineros es una institución que se ha dedicado ha “gozar” de una autonomía absoluta respecto del poder civil, heredada de la dictadura; en resumen, es una institución que se gobierna sola y mal.

En esas condiciones, nadie puede sentirse sorprendido, menos ofendido, de la arremetida contralora: en el ejercicio de sus atribuciones legales impulsa sumarios administrativos justo allí donde unos y otros, Carabineros y el Ministerio del Interior, no persiguen ni han perseguido responsabilidad disciplinaria alguna.  No está demás recordar que la doctrina de los cuerpos armados concebidos como un grupo de funcionarios públicos de sujeción especial equivale a decir que están sometidos a una responsabilidad disciplinaria agravada, es decir, en el extremo opuesto a lo que la policía uniformada reclama para sí, ya que, la paupérrima intervención del general Rozas contra el sumario de la Contraloría, trasluce que sigue creyendo que sólo los Carabineros corrigen la disciplina de los Carabineros y que la intervención de otros órganos es un amedrentamiento a la institución.  Se equivoca, sin duda, pues lo que hace el órgano contralor es imponer la legalidad donde ha sido eventualmente quebrantada.  Termina siendo trágico y patético, al mismo tiempo, que el General Director de la institución armada que existe para dar eficacia al derecho, considere que el imperio del derecho es una amenaza.