«Somos objetivos, lo que no podemos hacer su señoría es simplemente (ser) neutrales en un caso como este» fue la frase que emitió en audiencia el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Marcelo Carrasco, y cual desató la molestia de la defensa del Presidente Sebastián Piñera, del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y de los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

En 15 páginas, los abogados Samuel Donoso, Gabriel Zaliasnik y Eduardo Riquelme pidieron al fiscal nacional, Jorge Abbott, sacar del caso al persecutor ya que las opiniones en cuestión pondrían en tela de juicio la objetividad con la que se sigue la indagatoria iniciada con la querella que presentó el alcalde Daniel Jadue por muertes ligadas a la pandemia del covid-19.

El conflicto en cuestión inició en junio de este año cuando la autoridad de Recoleta ingresó la acción por un supuesto cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino por la muerte de decenas de personas por coronavirus en la comuna que dirige. Ya en julio se llevaron a cabo las declaraciones de Carrasco.

Por el tema aún no se ha referido públicamente el fiscal nacional, mientras que el abogado que representa a Jadue, Ramón Sepúlveda, señaló a Emol que las autoridades querelladas «han intentado cuestionar desde un inicio» la acción interpuesta, explicando que los dichos de Carrasco fueron en el marco del debate que se generó en tribunales por un recurso presentado por una de las defensas, y cuyo cuestionamiento terminó siendo rechazado por el tribunal respectivo.

«El fiscal es llamado a debatir sobre un punto jurídico que es la legitimidad activa del alcalde de Recoleta por acción popular. El fiscal no toma parte en absolutamente nada (…) si lo que pretendían las defensas es que el fiscal no argumentara en la línea de lo que jurídicamente creía correcto, yo creo que es algo que no se le puede pedir al Ministerio Público», manifestó y consigna Emol.

Y agregó: «Creemos que lo que hacen tratando de cambiar al fiscal es acomodar la justicia a lo que ellos buscan. Y eso, que es propio de otros casos donde incluso terminando renunciando dos fiscales de alto nivel como Carlos Gajardo y Pablo Normabuena, ahora quieren cambiar al persecutor de este caso. La justicia no se puede elegir, somos todos iguales ante la ley», consigna Emol.

Sepúlveda cerró descartando los cuestionamientos, indicando que la fiscalía de Alta Complejidad ha indagado «causas de todos los colores políticos»: «Es una jugada política y no jurídica, y que esperamos que el fiscal nacional rechace». Este, sin embargo, no es el primer caso indagado por el persecutor y que implica la presentación de alguna acción por parte de una autoridad.

 

Los casos de Carrasco: firmas irregulares, tráfico de migrantes y cibercriminalidad

Fue en julio de 1999 cuando Carrasco, egresado de la Universidad de Chile, se titulo de abogado. Cuatro años después, en 2003, se integró como abogado asistente en la fiscalía de Cauquenes y a partir de 2004 asumió como fiscal adjunto en la jurisdicción Centro Norte.

Entre los casos que figuran en sus casi 20 años de trayectoria como persecutor se encuentra aquel que terminó con la condena de dos notarios que validaron de manera irregular firmas para las candidaturas presidenciales de Tomás Jocelyn-Holt y Franco Parisi, en 2013.

Carrasco integró además el equipo del juicio oral por caso Farmacias junto al persecutor Jaime Retamal, y también formó parte del equipo para el segundo juicio oral realizado en caso Cascadas. A la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte llegó a fines de 2013.

En dicho cargo indagó la filtración de datos de 610 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), ocurrida en enero de 2018. En ese entonces se divulgaron en internet nombres, grados, fechas de nacimiento y unidades en las que trabajaban los policías en cuestión. También causas por tráfico de migrantes donde han sido víctimas ciudadanos chinos, peruanos y niños ecuatorianos, además de trata de personas. Fue uno de estos últimos casos el que también involucró una querella por parte de una autoridad.

A mediados de 2017, el Ministerio Público abrió una investigación por el ingreso de 32 ciudadanos chinos con una visa de turista, y quienes fueron acompañados por el empresario Álvaro Jofré. Se ordenaron diligencias, incluidas interceptaciones telefónicas, las cuales salpicaron al entonces presidente del Senado, Andrés Zaldívar.

La Tercera informó ese año que Zaldívar estaba siendo indagado como imputado, dando cuenta de un oficio en el que el fiscal Carrasco pedía alargar por 15 días la interceptación telefónica al parlamentario vinculado a Jofré. Zaldívar se querelló en contra de quienes resultaran responsables de lo que definió como una violación de secreto. }

Por su parte, el entonces regional Andrés Montes instruyó la apertura de una investigación de oficio para determinar las razones que llevaron a que información de una investigación penal reservada fuera publicada en el portal del Poder Judicial y divulgada por un medio de comunicación. Ya a fines de agosto de este año el fiscal presentó acusación contra tres Jofré, una mujer y un ex funcionario de Cancillería. También se dispuso la decisión de no perseverar en la indagatoria contra Zaldívar.

Se suma a la lista el caso por tráfico de otros 381 migrantes chinos que quedó en evidencia en mayo del año pasado, y por el cual se formalizó al funcionario a contrata de Cancillería, Alex Brito Ortiz, el ex alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro y el ex gobernador de la Provincia del Choapa, Alex Trigo.

El fiscal de Alta Complejidad también participó de la causa por una millonaria venta inmobiliaria vinculada al Partido Comunista (PC), la cual terminó con el sobreseimiento definitivo de Guillermo Teillier. Dicho caso inició luego que el PRI presentara una querella en su contra por los delitos de contratos simulados, estafas, falsificación de documentos públicos y uso malicioso de instrumento público falso.