Una serie de descargos realizó la tarde de este lunes el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, ante la Comisión parlamentaria que revisa la acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

La magistrado es acusada por un grupo de diputados de oficialismo, la DC y la Federación Regionalista Verde Social -impulsados por el RN, Andrés Longton- de un eventual “notable abandono de deberes”, tras presidir la instancia que dejó en libertad a Hugo Bustamante en 2016, imputado por el crimen de la menor Ámbar Cornejo, en Villa Alemana.

El supremo no se guardó nada ante los diputados. En su exposición mostró su preocupación -y la del pleno del Máximo Tribunal- por la utilización de la acusación constitucional, pidió no hacer “populismo” y afirmó que la jueza Donoso no era la responsable del crimen de Ámbar.

“A la Corte Suprema le llama poderosamente la atención el uso que se le está dando al mecanismo de la Acusación Constitucional”, comenzó diciendo Silva.

El magistrado afirmó, además, que “la acusación por la que estamos aquí presentes, surge a solo dos años de otra acusación, en la que se cuestionó a tres ministros de la Suprema, por la decisión que adoptaron en el ejercicio de las funciones que la Constitución Política mandata”. Libelo promovido el 2018 y que se cayó al ser votado en la Cámara de Diputados.

Asegurando que tenía “una fuerte sensación de incomprensión frente a esta acusación” en contra de Donoso.

 

Fallar sin temor a represalias

Silva indicó, además, que los jueces debían fallar sin miedo a represalias futuras y que si eso ocurría “ya no se estaría hablando de un estado de derecho democrático”.

“La labor de los jueces es central y fundamental en el correcto funcionamiento de las sociedades democráticas gobernadas por el Derecho. Es difícil exagerar la centralidad que tiene para un estado democrático de derecho, el rol de la judicatura. Y como lo he señalado, este rol se tiene que ejercer con ciertos atributos, uno de los cuales es fundamental, el que de no concurrir, sea cual sea la naturaleza de la decisión adoptada por el juez, terminaría transformando al magistrado en algo distinto a su esencia. Se debe ejercer con independencia”, consigna La Tercera.

“A la Corte Suprema y al Poder Judicial en su conjunto, nos asiste la convicción de que sin independencia judicial ningún derecho es posible. En su ausencia la sociedad entera pierde irremediablemente la posibilidad de acceso a la justicia y la reafirmación de la vigencia del derecho, que es lo que hacemos los jueces cuando decidimos”, agregó.

Para afirmar tajante que “los jueces y juezas nos debemos al derecho y nada más que al derecho. Y el día que ello deje de ser así y que por temor a sanciones o represalias jueces y juezas debamos mirar con un ojo el derecho y con el otro el riesgo inminente de ser acusados constitucionalmente, removidos de nuestros cargos o amonestados, ya no estaremos hablando propiamente de un estado democrático de derecho”.

En esa misma línea el presidente del Máximo Tribunal planteó que “estimamos que no es posible escrutar las decisiones judiciales a partir de los efectos indirectos que ellas producen. Las decisiones judiciales no son ejercicio de prestidigitación, adivinatorios ni en base a pronóstico. Por lo mismo se debe tener especial precaución con el estándar que se exija para dar por satisfecha la causal de notable abandono de poderes”.

Para agregar que “al existir una tensión entre la acusación constitucional a magistrado del Poder Judicial y la independencia y autonomía necesaria para el debido cumplimiento de nuestro mandato judicial y legal, el notable abandono de deberes es un estándar que no puede darse por satisfecho meramente por el disgusto de una decisión específica ni por el natural horror y rechazo que produce un crimen cometido por una persona cuya libertad se asume como la causa directa de ese reprochable eso, asumiendo una relación de causa y hecho entre la decisión de la Comisión de Libertad Condicional y ese grave hecho punible. De ser así el mensaje que se estaría dando arriesga ser sumamente dañino para el Estado de derecho y contrario, además, incluso a los estándares internacionales. Un Poder Judicial expuesto a un estándar que pudiese ser tachado de liviano simplemente no gozaría de independencia para el ejercicio de sus funciones, por verse expuesto a represalias políticas”.

“El homicida de esta niña no es la jueza Donoso”

Pero Silva no se quedó ahí y agregó que “nos parece que en este caso se traspasa una delicada línea que separa el legítimo ejercicio de una atribución del Congreso del disciplinamiento de los jueces”.

“Pretender disciplinar a la judicatura de esta forma y por esta vía, o sea atacando decisiones de jueces y juezas, incluso varios años después de haber sido adoptadas, a través del mecanismo de la acusación constitucional tiende a pasar por alto la garantía de la inamovilidad que goza”, complementó y consigna La Tercera.

En esa misma línea, el supremo planteó que “el día en que un juez resuelva los casos bajo su conocimiento, basándose en las posible represalias y no en el derecho, podremos decir sin lugar a dudas que habrá un notable abandono de deberes”.

Para agregar que “el homicida de esta niña (Ámbar) no es la jueza Donoso. Porque queda la impresión como que ella es la autora de ese homicidio y no lo es”.

Así mismo Silva hizo una comparación de su trabajo como juez con la situación que afecta a la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

“Yo voy a cumplir 50 años en el Poder Judicial, no sé cuántas libertades he dado y no cabe duda que muchos de aquellos a los que les dí libertad, volvieron a delinquir. Y no se me va a hacer ahora responsable a mi por todos los delitos que cometieron esas personas a las que les di la libertad, porque no estaría aquí”, aseguró.

Y añadió que “el delito por el cual se condenó a Bustamante fue un homicidio simple, no fue homicidio calificado ni robo con homicidio. Entonces hay que tener en claro eso. Porque si yo en estos momentos fuera un juez penal, me abstendría de dar libertad y quedar seguro en mi cargo. Para qué me voy a exponer, si le doy la libertad a alguien y esa persona después va a volver a delinquir y yo me haré responsable de ese nuevo delito. Entonces eso hay que considerarlo”.

 

 

“No nos dejemos llevar por el populismo”

Finalmente, Silva emplazó a los parlamentarios a no dejarse llevar por el populismo y a legislar en las deficiencias, que a juicio de los parlamentarios, existe en el sistema penal.

“No nos dejemos llevar por el populismo. Porque así como en algunos momentos se habla de que las cárceles están hacinadas, que nadie se preocupa de rehabilitar a los delincuentes, que salen de la cárcel peor de cómo entraron y eso le llegan a la gente y después pasa lo de Ámbar y se pasa a la otra posición, que cómo se deja en libertad a este tipo de gente”, indicó.

“La Acusación constitucional tiene que ser excepcional para casos gravísimos en que hayan faltas groseras de los jueces y desgraciadamente como no hay tribunales de ejecución de pena en este país, si se niega la libertad condicional procede el recurso de amparo y la Corte Suprema ha acogido muchos recursos de amparo y desgraciadamente cuando se concede no procede recurso. Quizás se me ocurre, un recurso de queja disciplinario, podría ser, pero quién lo va a deducir. Por eso es labor de ustedes legislar, consideren estas ideas para legislar. ¿Por qué los jueces vamos a tener que arreglar todos los problemas? ¿Por que? ¿Por qué nos dejan en esta situación? Yo estoy por irme del Poder Judicial, dediqué mi vida al Poder Judicial, hemos tenido que resolver problemas políticos nosotros muchas veces”, concluyó y consigna La Tercera.

La también ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que también fue parte de la exposición, expuso en tanto que “creo que la acusación constitucional no está pensada para cuestionar la interpretación de la ley, que es una interpretación que le corresponde al juez y que es privativa. Otra cosa distinta es que si uno estima que las leyes no cumplen su propósito, se modifiquen, que es un resorte que le corresponde al Poder Legislativo”.

Para asegurar, además, que el concepto que había en el momento en que se otorgó la libertad a Bustamante “era un concepto proimputado, en el sentido de que si cumplía ciertos requisitos formales pudiese gozar de este beneficio y se consideraba que mejores posibilidades de reinserción”.

“Evidentemente ese proceso, que es un proceso que cristaliza y que se concreta en un momento determinado, tiene que necesariamente apegarse a la ley que está vigente al momento en que la decisión se toma (…) Y por supuesto que aquellos que resuelven no tienen ninguna manera de adivinar lo que puede suceder años después”, afirmó.

Para cerrar que “los jueces a cuatro años de distancia no tienen ninguna posibilidad de saber lo qué va a suceder (…) Me parece que sería injusto sancionar a quienes han tomado una decisión por lo que sucedió años después”.