Este miércoles, un día antes que se cumpliera el plazo para hacerlo, la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Silvana Donoso ingresó su defensa ante la acusación constitucional que enfrenta por el caso Ámbar.

Con ello, ahora corren seis días para que la comisión parlamentaria encargada de revisar el mérito de la acusación analice sus argumentos, elabore un informe y lo despache a la Sala de la Cámara, escrito en el cual recomendarán aprobar o rechazar el libelo acusatorio.

Este se basa en un notable abandono de deberes al omitir el informe que Gendarmería realizó en 2016, en el cual recomendaban no otorgarle la libertad condicional a Hugo Bustamante, conocido como “el asesino del tambor”, y hoy único imputado en el crimen de la joven Ámbar Cornejo.

 

Defensa refutó argumentos por hora y media

Ante la comisión estuvieron presentes vía telemática los dos abogados defensores de la magistrada, quien no compareció.

En la instancia, ambos refutaron los argumentos de la acusación por más de una hora y media.

La abogada Dafne Guerra señaló que la voluntad de la jueza es irrelevante respecto de la decisión que liberó a Bustamante, ya que la deliberación fue tomada en conjunto.

“La presidencia que en aquel entonces ejercía la ministra tampoco le otorgaba poder dirimente ni derecho decisorio, todos los votos tenían el mismo valor”, señaló la defensora.

Al respecto, el autor de la acusación, el diputado RN Andrés Longton, tildó como engañoso el argumento esbozado por la defensa ya que con anterioridad se ha acusado a miembros de cortes.

“Me parece engañoso ese argumento. Nosotros tenemos antecedentes claros en este Congreso en 1992 de la destitución del ministro (Hernán) Cereceda de la Corte Suprema”, comentó el legislador a Radio Bío Bío de Valparaíso.

“Se atendió precisamente a su rol de presidente de la Sala (Penal), a su nivel de responsabilidad, a la posición que ocupaba para acusarlo y destituirlo”, añadió.

Esa acusación fue la última en destituir a un juez del máximo tribunal, también por abandono de deberes, específicamente por un juicio sobre la desaparición de un militante del MIR, sumado a acusaciones de corrupción.

Tribunal de penalidades

Este miércoles se ingresó un proyecto de resolución que pide al Gobierno patrocinar la creación de un tribunal de penalidades, consigna BioBioChile.

El objetivo principal de ese organismo sería que jueces escuchen a las víctimas o a los familiares de personas afectadas en el marco de un caso judicial antes de tomar una decisión.

A juicio del diputado Camilo Morán (RN), la idea es que crímenes como el de Ámbar no vuelvan a ocurrir.