El ministro de la Corte Suprema Carlos Künsemüller expuso sobre «El populismo penal y el rol de los medios de comunicación y las redes sociales» en el seminario internacional «Nuevas perspectivas del sistema penal ecuatoriano», organizado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y la Universidad Internacional del Ecuador.
La actividad académica – que contó con la asistencia de más de mil personas en sus tres días- tuvo como objetivo unificar criterios en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley frente a las nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para su correcto entendimiento y aplicación.
En la charla, el ministro narró el caso de Martín Pradenas, imputado por diferentes delitos sexuales en la región de la Araucanía, oportunidad en que explicó cómo políticos, autoridades y la ciudadanía se manifestaron exigiendo un endurecimiento del derecho penal, e incluso hicieron actos de violencia y amenazas en redes sociales debido a una prisión preventiva denegada por un juez de Garantía, lo que calificó como «un uso demagógico del derecho penal».
Como una expresión del movimiento populista, explicó que en Chile hay una serie de leyes llamadas por los nombres de las víctimas de los delitos, como Ley Emilia o Ley Gabriela, » lo que a juicio de muchos, lo que hace es revictimizar de esas desafortunadas personas».
Citando al catedrático de Málaga José Luís Díez Ripollés  «la experiencia cotideana del pueblo, su percepción inmediata de  la realidad y los conflictos sociales han pasado a ser un factor de primera importancia a la hora de configurar leyes penales y pugna por serlo también en la aplicación práctica», dijo el ministro chileno.
«Lo novedoso no es que estos factores contribuyan  a la creación y aplicación del derecho, algo que es legítimo, si no que se demanda ahora que estas exigencias del llamado derecho penal nuevo o del derecho penal más duro se atiendan sin intermediaros, es decir sin la interposición de expertos que valoren las consecuencias complejas que acarrean  todas las decisiones que se tomen o adopten en la materia penal. Los portadores de estos conocimientos son la opiniòn pública, creada por los medios de comunicación social, las víctimas o grupos de víctimas  y en último caso la comunidad en general», explicó.
«En otras palabras, los ciudadanos buscan partipar activamente y haciendo oír su voz desde la calle, con megáfono mediático, en la configuración de la política criminal. Sobran los estudios, sobran los debates, las asesorías de expertos están de más, la gente común sabe  cuál es el problema y sabe cuál es la solución. Hay un riesgo de victimización  e instrumentalización de los miedos  de las sociedades y las pasiones de las personas mediante el protagonismo del delito y sus víctimas y como factor determinante el ranking de los medios y de los políticos, ya que sus miembros pretenden demostrar que son los mas duros frente al crimen», concluyó el ministro Künsemüller.