En el sistema penal son varios los actores que apuntan a la posibilidad de realizar los juicios orales de forma remota como una de las piezas clave para evitar que se genere un atraso en las causas debido a la emergencia sanitaria. Esto, a pesar de que el Poder Judicial ha logrado darle continuidad al servicio judicial y modificar casi todo su funcionamiento para seguir realizando las audiencias de forma remota. Pero, al parecer, no fue suficiente y el tema ha sido foco de disputas judiciales.

Una de ellas fue resuelta hace una semana, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de protección y dio luz verde para que los Tribunales Orales en Lo Penal (TOP) puedan realizar juicios orales por videoconferencia.

El caso se originó por un recurso ingresado en contra del comité de jueces del TOP de Los Ángeles que decidió realizar un juicio oral por Zoom. “(Se cumple) el mandato legal de salvaguardar el debido proceso cuando se utilizare la videoconferencia para la realización de las audiencias de juicio oral, clarificando la forma en que las garantías procesales serán respetadas al utilizar la aplicación Zoom del modo más ordenado, homogéneo y transparente posible”, dice el fallo. Pero el asunto sigue preocupando a defensas, jueces, querellantes y sobre todo al Ministerio Público.

Tanto es así, que la última semana de julio el fiscal nacional, Jorge Abbott, envió al presidente de la Suprema, Guillermo Silva, un oficio de dos páginas en la cual el jefe del Ministerio Público daba cuenta de nueve dificultades que ha identificado la fiscalía para la realización de juicios orales.

Las nueve principales dificultades para realizar juicios orales identificadas por el Ministerio Público
1. Reticencia de los tribunales orales en lo penal para recibir víctimas y testigos a declarar en sus dependencias en al menos ocho regiones.
2. Delegación de la obligación de notificar a víctimas, testigos y peritos en la parte que lo presenta, privando de eficacia a dicha actuación e imposibilitando los apremios posteriores.
3. Falta de personal del tribunal para atención de víctimas y testigos en el caso que acceden a recibirlos.
4. Falta de personal que preste soporte técnico en el juicio, delegando esta función en personal de la fiscalía.
5. Falta de habilitación de espacios físicos adecuados para el ingreso en condiciones protegidas de víctimas y testigos, para la espera que deben realizar, incluso no permitiendo el ingreso al tribunal.
6. Desestimar la realización de los juicios por la sola voluntad del imputado que exige juicio presencial.
7. Atraso en el cumplimiento de exhortos, que implica que víctimas o testigos puedan declarar en los tribunales de la localidad en que se encuentren.
8. Tribunales que señalan no contar con protocolos sanitarios para recibir a víctimas y testigos.
9. Derivación a las partes y en especial al Ministerio Público de funciones propias del tribunales tales como notificaciones (ya indicado), ser ministro de fe, acompañamiento de víctimas y testigos en el tribunal, soporte y asistencia técnica, etc.

El oficio a su vez fue acompañado de un anexo de 29 páginas, en el cual cada jurisdicción del Ministerio Público detalló el levantamiento nacional que realizó para identificar estas dificultades.

El pleno del máximo tribunal recibió ambos documentos, los analizó y optó por remitir el informe a las cortes de apelaciones del país y administraciones zonales de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

 

Testigos protegidos expuestos

En el levantamiento nacional que realizó la fiscalía, se detallan una serie de situaciones de las cuales han sido testigos los persecutores que han tenido que realizar juicios orales en medio de esta pandemia.

Por ejemplo, en Antofagasta se detectó que, en al menos dos testigos que tenían la calidad de protegidos, existió “la negativa por parte del TOP de Antofagasta de que los testigos ingresen por lugares que resguarden de mejor manera la identidad y seguridad de las víctimas y testigos, ya que existe la instrucción de dejarlos ingresar solo por los accesos públicos, siendo llevados y dejados en el frontis del Tribunal en la calle y a plena vista pública”, consigna La Tercera.

Se agregó que los testigos debieron “bajarse en la calle del vehículo de URAVIT y a plena vista pública e ingresar solos al tribunal”.

En ese misma zona, los fiscales evidenciaron que “en el interrogatorio de los imputados, estos dicen lo que quieren, lo que tienen preparado, y por la forma en que se desarrolla el contrainterrogatorio es muy difícil llevarlo al plano en que se evidencie que miente o que se puedan superar sus contradicciones”.

En regiones como Atacama y Valparaíso, por ejemplo, reprochan que los tribunales no puedan recibir pruebas físicas. En el Biobío en tanto, el anexo enviado a la Suprema relata que “en un juicio el tribunal ordenó que los testigos declaran en TOP de Chillán y Tribunal de Cabrero; al llegar los testigos a dichos tribunales no había nadie para recibirlos”.

En la jurisdicción de Los Lagos, el Ministerio Público señaló que la función de ministro de fe “se delega en la fiscalía, o en la propia víctima y testigo, quienes deben acreditar que están solos mostrando el lugar desde donde declaran. Lo mismo ocurre en fiscalía. Defensa siempre efectúa cuestionamientos al respecto. Si hay dos testigos que viven en una misma casa, uno de ellos debe declarar desde otro lugar, lo que se agrava cuando hay niñas, niñas y adolescentes”.

También se agregó que “si hay más de un testigo, deben esperar afuera del tribunal a pesar del clima; no hay ningún funcionario, sólo un guardia. Nadie asiste al testigo; debe declarar de pie. Es revictimizante”.

En Santiago, la fiscalía Centro Norte alertó sobre la “inexistencia de ministro de fe del tribunal en todas las declaraciones de funcionarios policiales, sin delegación en un superior, solo exhibición del carnet y paneo de la sala (con el teléfono celular) para mostrar que estaban solos”.

En la fiscalía Occidente en tanto aseguraron que los tribunales “permiten paneos a domicilios, oficinas o espacios de intimidad, a objeto de garantizar a la defensa que el testigo está solo en su lugar declarando o que no dispone de su declaración en papel sobre algún escritorio o mesa”.