La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación deducido en contra del Tribunal de Contratación Pública que resolvió licitación pública de arrendamiento de sistema integral de control y monitoreo vía GPS de flota de vehículos institucionales de la Corporación Nacional Forestal –Conaf–.

En fallo unánime (causa rol 597-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Miguel Vázquez, Elsa Barrientos e Inelie Durán– descartó infracción en la decisión que excluyó del proceso licitatorio a la empresa Ubicar Chile S.A., por no acreditar que cuenta con sucursales regionales.
«Que así las cosas, al tenor literal de los criterios y puntajes de evaluación previstos en las bases de licitación, antes reseñados, sin que el reclamante hubiere dado cumplimiento fehacientemente a la acreditación de contar con sucursales en las regiones del país, que incluyó en el Anexo N° 6, verificándose solo una, en la Región Metropolitana; mientras que quien se adjudicó la licitación, contaba con dicha presencia, como se detalló en el motivo anterior, de manera tal, que en estas condiciones, aparece revestido de toda razonabilidad y coherencia el desarrollo que los sentenciadores conciben en su fundamento quinto, al determinar que habiéndose constatado que la empresa Ubicar Chile S.A., no contaba con sucursales en regiones, el ajuste del puntaje en la segunda evaluación, en el criterio ‘Presencia en capitales regionales’, no podía evaluarse en un 100%, lo que habría correspondido, de haber acreditado 15 sucursales a nivel nacional, toda vez, que el Tribunal de Contratación Pública tiene amplia competencia para revisar los actos de cada una de las etapas del proceso licitatorio, en especial, para que se cumplan -en este caso- las normas contenidas en las Bases Administrativas Especiales, pues con ellas se resguarda la igualdad entre los oferentes, siendo necesario evitar toda ambigüedad en aras de este principio que conlleva el debido proceso», expone el fallo.
Resolución que agrega: «Conforme lo relacionado, la apreciación y decisión a que arriba la sentencia, que le permitió revisar, ponderar y evaluar el cumplimiento de las bases por parte de los oferentes, aparece ejercida dentro de las potestades del Tribunal, sin que tal interpretación llegue a revestirla de arbitrariedad o de ilegalidad, toda vez, que como se ha dicho, la descripción del criterio de evaluación se encontraba redactada usando una clara terminología; además, el recurrente no refutó con prueba idónea, el resultado de la verificación que hiciera Conaf sobre la existencia efectiva de las sucursales en las direcciones que en las distintas regiones individualizo en el anexo pertinente, en la forma exigida en las bases».
«De manera tal, que así determinado, el preciso tenor de las bases, y antecedentes presentados por los oferentes, los que fueron verificados por la recurrida, y evaluados en observancia a las reglas establecidas en las bases técnicas, dieron como resultado un menor puntaje para el reclamante de autos, específicamente por no cumplir con la exigencia de presencia de sucursales regionales, requisito que era exigido a los postulantes», añade.
«Que de los antecedentes que se han tenido a la vista –continúa–, siendo una carga del reclamante el haber acreditado sus asertos ante el Tribunal de la Contratación Pública, no consta que hubiere allegado los elementos que permitieran verificarlos, circunstancia que deja asentada la sentencia en el basamento cuarto, donde expresamente señala que como en todo juicio ventilado ante el Tribunal que conoce de la acción de impugnación establecida en el artículo 24 de la ley N° 19.880, conforme las reglas generales en materia probatoria, y siguiendo la máxima del artículo 1698 del Código Civil, al no haber aportado el demandante los medios de prueba necesarios y probado en el juicio sus alegaciones, solo cabía desechar de plano esta impugnación, en todos sus términos. Además, agrega, que el demandante realiza una interpretación antojadiza de las exigencias técnicas que establecen las bases de la licitación, que no se condicen con lo establecido en ellas, afirmando que los equipos del adjudicatario no operan en sistema mixto, y son solo satelitales, lo que es errado, toda vez, que en las bases claramente se expresa la opción en forma disyuntiva ‘GPRS, GSM, y GPS SATELITAL, o tener un sistema de GPS mixto’, por tanto, en la medida que se cumplan unas u otras características el respectivo oferente dará cumplimiento al pliego de condiciones en este aspecto, de las características técnicas de los equipos».
«En consecuencia, en esta segunda alegación planteada por el reclamante, no se observa ilegalidad alguna en la decisión del Tribunal, la que se ajusta a las normas reguladoras de la prueba que aplican al procedimiento seguido en autos, sin que el reclamante hubiere aportado los antecedentes que acreditaran sus aseveraciones», concluye.