A solo horas de que comience el período de propaganda electoral de cara al Plebiscito del 25 de octubre, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que establece las normas de financiamiento de la campaña con las modificaciones impulsadas ayer en la comisión de Constitución.

Con esto, el texto deberá volver al Senado a tercer trámite y tendría que ser puesto sobretabla en la sesión que a las 16:00 horas tienen programada los senadores, ya que a las 00:00 horas de este miércoles se inician las campañas por el Apruebo, Rechazo, convención constituyente y convención mixta.

La iniciativa fue aprobada en general por 112 votos a favor, 6 en contra y 28 abstenciones. Y ahí se incluyeron las indicaciones propuestas por los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y René Saffirio (Ind), las que por ir más allá del acuerdo zanjado el viernes en el Senado, hacen que deba volver a esa instancia.

La primera, del oficialista, busca por primera vez regular la propaganda en redes sociales estableciendo que «para que los contratos que celebren los partidos políticos, parlamentarios independientes o las organizaciones de la sociedad civil para la utilización de plataformas digitales deberán ser informados por dichas instituciones al Servicio Electoral y publicados por el Servel.

El Servel podrá requerir esa información a los proveedores de medios digitales que deberán remitir al Servel la identidad y los montos involucrados de todo aquel que contrate propaganda electoral». Por otro lado la del diputado Saffirio equipara los aportes individuales a las organizaciones civiles a lo que pueden recibir los partidos políticos, aumentando de 200 UF ($5.7 millones) como se selló en el acuerdo del Senado, a 500 UF ($14 millones), consigna Emol.

Asimismo se respaldó de manera separada (98 favor-14 en contra y 34 abstenciones) el inciso que establece que «no se entenderá como propaganda electoral la difusión de ideas efectuadas por cualquier medio, incluidos los digitales o comunicaciones a través de páginas web, redes sociales, telefonía y correos electrónicos, realizadas por personas naturales en ejercicio de la libertad de expresión». Esto ya había sido aprobado por los senadores.