Siete años lleva en tramitación el proyecto de Ley sobre Migración y Extranjería, iniciativa que este miércoles comenzaría su análisis en la Sala del Senado y frente al cual se espera una intensa discusión entre el oficialismo y la oposición, cuyas posiciones ya han chocado en las últimas semanas.

De hecho ayer, un grupo de parlamentarios de Chile Vamos emplazaron a los senadores de la oposición a rechazar las dos indicaciones que generan polémica: la primera es impulsada por los senadores Isabel Allende (PS) y Juan Ignacio Latorre (RD) y busca incorporar la «permanencia transitoria para la búsqueda de oportunidades laborales»; y la segunda, por los senadores Jorge Pizarro (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS) que establece que los extranjeros que se encuentran en situación irregular o en tramitación, en un plazo de 90 días luego de ser aprobada la ley, puedan solicitar una visa sin recibir sanciones.

Ante ello, los diputados de Chile Vamos, Paulina Núñez (RN), Andrés Longton (RN), Karin Luck, (RN), Andrés Molina (Evópoli), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Celson Morales (UDI), junto a la senadora Luz Ebensperger (UDI), las criticaron públicamente, calificándolas como «perversas y erradas».

Éstos, junto a la senadora Marcela Sabat (RN) y los diputados Renzo Trissotti (UDI) y Eduardo Berger (RN), enviaron además una carta a sus pares en la cual señalan que «no podemos volver a cometer los mismos errores que fomentaron este desorden migratorio (…) resulta irónico que las indicaciones parlamentarias pongan en riesgo precisamente ambas cosas, promoviendo el desorden migratorio y precarizando la situación de miles de extranjeros que lleguen a nuestro país bajo la promesa de un mejor futuro», consigna Emol.

Los reparos de La Moneda

«Estas indicaciones nos vuelven a fojas cero la discusión que hemos llevado durante años en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y nuestro llamado desde el oficialismo (…) es a que rechacen estas indicaciones y que respeten, por lo menos por una vez, lo que transversalmente aprobamos», dijo la diputada Núñez.

Por su parte, el diputado Morales expresó que «uno no logra entender estas indicaciones de los senadores de oposición. Quizás lo único que significa es que están en poco contacto con la gente y con el mundo real de los chilenos, o no entienden nada de lo que es la migración», agregando que están dispuestos como bancada UDI a recurrir al Tribunal Constitucional o pedir que se veten las indicaciones.

En tanto, la senadora Ebensperger las consideró como «una llamada al ingreso clandestino, al tráfico de migrantes, a vulnerar las normas de legalidad de nuestro país. Más grave aún es que, con la gran situación que estamos viviendo en nuestro país, se han perdido últimamente una gran cantidad de empleos, con el estallido social y el covid-19; más lo de los últimos años son cerca de tres millones de empleos».

La ofensiva de Chile Vamos está en línea con los reparos planteados por el Ejecutivo. Así, en una minuta de La Moneda titulada los «Nudos críticos del proyecto de ley de migraciones» se afirma que las modificaciones introducidas por la oposición en las comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda del Senado, son contrarias a los objetivos que persigue la ley.

Allí, se afirma que la indicación de los senadores Allende y Latorre crea la figura del «turismo laboral», pues «permite pedir una especie de permiso de turismo en el aeropuerto o la frontera que autoriza a buscar trabajo».

Se agrega que la propuesta es «similar» a una medida aplicada durante el gobierno de Michelle Bachelet, la cual habría provocado el aumento de la inmigración, fomentando la llegada personas en precarias condiciones, el desorden migratorio y la pérdida de empleos para chilenos, asegura.

Respecto a la segunda indicación, el documento apunta a que se ayuda a «fomentar la inmigración ilegal, a través del ‘efecto llamada'», dado que se permitiría que «cualquier extranjero que ingrese a Chile, aunque sea irregularmente, pueda regularizar su situación por un plazo de hasta 90 días desde la entrada en vigencia de la ley, generando un incentivo perverso».

Un escenario que en medio de la pandemia del coronavirus, afirman, «no se hace cargo de la situación actual» del país ni con un eventual futuro aumento de migrantes, posiciones que ha defendido el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, durante la tramitación de la iniciativa y refrendadas por el ministro del Interior, Víctor Pérez y el canciller Andrés Allamand, quienes acusaron un efecto «perjudicial» de las indicaciones.

El lunes, en tanto, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, planteó que «este Gobierno ha sido muy claro, queremos una migración ordenada, segura y regular. Por exactamente esto mismo es que esperamos que el Congreso ratifique esos principios esenciales que van a favor de los derechos de los migrantes, así como también de los derechos de los chilenos. Y la indicación que han puesto algunos señores parlamentarios de oposición va en el sentido exactamente contrario a tener una migración segura, ordenada y regular».

Defensa de la oposición

Dada la complejidad del proyecto y las modificaciones ya hechas en comisiones, ayer se acordó que este miércoles a las 9:30 horas los comités de senadores se reunirán para definir la forma en que se votará la iniciativa. Una idea inicial sería que hoy comience el debate y que la votación se inicie la próxima semana, cronograma que también es compartida por el Ejecutivo, con el objetivo de poder lograr algunos acuerdos con los senadores.

«Normas contradictorias la verdad es que no hay, algunos puede que no les guste lo que se haya aprobado (en la comisión de Hacienda). Hemos escuchado caricaturas hechas por parte de personeros del Ejecutivo al más alto nivel, respecto de las implicancias que pueden tener algunas de las indicaciones que se aprobaron en la comisión, pero normas contradictorias no hay», defendió ayer el senador Pizarro, durante la sesión de Sala del Senado.

En conversación con Emol, el congresista explicó que «el objetivo que persigue el proyecto es buscar mecanismos que permitan regularizar la situación de muchos migrantes que están en situación irregular en el país. Las formas de regular están establecidas en el proyecto y las implementa, las autoriza, el subsecretario del Interior. De manera que si no estima conveniente regularizar la situación de alguien, se termina el permiso y se tiene que ir del país, así que toda la argumentación que ellos han entregado de llamamiento, de que van a venir miles de personas, sea cae por su propio peso, porque siempre quien tiene la decisión última de quién se queda o se tiene que ir, es el subsecretario del Interior del gobierno de turno».

«Me parece un debate bastante comunicacional más que sobre los temas de fondo, porque cuando el Gobierno dice que lo que pretendemos nosotros es una suerte de ‘turismo laboral’, es una caricatura, no es eso lo que buscamos, lo que buscamos es regularizar las situaciones de los que hoy están en el país de manera irregular», apuntó el legislador DC.

En la misma línea, el senador Latorre expresó a este medio que «la derecha está ensuciando el debate alentando un discurso de racismo, de discriminación, hacia la población migrante. Y también utilizando un supuesto que yo creo que es errado, de que post pandemia con la reactivación económica, Chile va a recibir una oleada de migrantes, una invasión de migrantes, cosa que ameritaría el tener rápido la ley de migraciones», consigna Emol.

«Yo creo que es muy importante que Chile cuente con estándares en materia de Derechos Humanos, por ejemplo, el principio de no devolución y de mecanismos de transición de regularización migratoria que no dependan de la autoridad administrativa y que no provoquen una discriminación arbitraria ni administrativa, para disminuir las tasas de migración irregular en Chile. Ese debiera ser un objetivo de toda buena política migratoria y para eso es importante que en la ley queden establecidos esos mecanismos de regularización migratoria de manera transitorio», sostuvo Latorre.