En horas de la mañana de este jueves el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, entregará en la Oficina de Partes de la Cámara la acusación constitucional en contra de la magistrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso.

El libelo cuenta con cerca de 90 páginas y está basado principalmente en el caso de Hugo Bustamente, hoy imputado por la violación, homicidio e inhumación ilegal de Ámbar Cornejo, adolescente de 16 años, hija de su pareja, quien estuvo desaparecida por ocho días cuyo cuerpo fue encontrado enterrado bajo la vivienda de él en Villa Alemana.

En 2016, un año después de ser condenado a 27 años de presidio por el homicidio de su entonces pareja y el hijo de nueve años de ella, y tras haber cumplido 11 años de la pena, Bustamente salió en libertad, beneficio que le concedió la comisión presidida por la ministra Donoso e integrada por los jueces Paula Ramos, Alonso Arancibia, Loreto León y Eduardo Saldivia.

Este es el punto central de la acción, pues, según consta, esto se concedió pese a que el informe de Gendarmería señalaba en ese entonces que el sujeto «solo reconoce el daño a sí mismo, no incluye en nada a sus víctimas o lo que socialmente pudo haber provocado».

Y entre otras cosas aseguraba que él «se encuentra en etapa de pre contemplación de motivación para el cambio, lo cual se deja en manifiesto con la actitud tenida en la entrevista, en que muestra poca disposición y empatía. No cuenta con proyectos de vida que sean reales o que permitan augurar un adecuado proceso de reinserción».

La norma

A juicio del diputado Longton la jueza no respetó la norma que permitía tomar esta decisión y lo hizo «deliberadamente» de «forma torcida». Con él están los otros 19 legisladores que respaldarán el libelo, entre los que están representantes de la oposición como Fernando Meza (Ind), Daniel Verdessi (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) e Iván Flores (DC) e incluso se espera que se sumen otros como Daniella Cicardini (PS), Pepe Auth (ind) y Marcelo Schilling (PS), quienes dedicaron la jornada de ayer para revisar el texto.

«Tenemos un decreto de Ley, que es el 312, que establece los requisitos para acceder a la libertad condicional, pero ese decreto de ley tiene como elemento central en su artículo 1, tanto el antiguo como el nuevo (en 2019 fue modificado), que la persona tiene que estar rehabilitada, lista para ser reinsertada, incluso en el decreto ante de la modificación de la ley habla de ‘corregido'», puntualizó el legislador a Emol.

En ese sentido explicó que «entre otras cosas hay requisitos objetivos: que es el tiempo en prisión, la buena conducta previa, haber participado en algún oficio (ese en el antiguo) y eso son elementos objetivos que no son difíciles de cumplir y que es un check list».

Sin embargo, «en el caso de Bustamente y en el caso de otros 528 reos que en 2016 tenían un informe que era negativo, pero salieron en libertad, Gendarmería a través del área técnica, de psicólogos y trabajadores sociales, decían que estas personas no estaban capacitadas para salir en libertad, producto de que no estaban rehabilitados.

Es decir, en pocas palabras, seguían siendo un peligro para la sociedad. Por lo tanto, ese es un elemento esencial y es básico tomarlo en consideración de efectos de poder liberar o no a una persona». Por lo anterior, el diputado comentó que basándose en aquello «nosotros decimos que hay una aplicación torcida de la Ley, que hay un criterio que es arbitrario, porque la jueza deliberadamente y reiteradamente y conscientemente omite informes de Gendarmería, teniendo la obligación de considerarlos».

«Y es más -apuntó Longton- nosotros citamos fallos de la Corte Suprema de esa época en que dice que el informe de Gendarmería es un elemento esencial, porque el decreto Ley tiene que aplicarse en su integridad».

 

La reiteración

Uno de los puntos destacados en el libelo que se presentará hoy es que la jueza Donoso, a juicio de los parlamentarios firmantes, tuvo esta conducta de forma reiterada.

En la acción, según aseguró el diputado Longton, se detalla que en 2016 la jueza Donoso participó del otorgamiento de la libertad condicional del 90% de las personas que postularon. De esta manera, el 40% de quienes obtuvieron el beneficio fueron de la Región de Valparaíso a nivel país, «disparándose los casos», ya que pudieron dejar la cárcel 788 personas, «entre ellos parricidas, homicidas y violadores».

Así, comentó, en el texto se presentarán elementos jurídicos, pero en la exposiciones que se hará en la comisión revisora y en Sala se acompañarán ejemplos con testimonios y casos de familiares de víctimas de algunos de los otros beneficiados, que contaron con la firma de la magistrada de Valparaíso, consigna Emol.

«Esta conducta -de supuestamente no considerar el informe de Gendarmería- no es solo en el caso de Bustamente, sino que también tenemos casos recientes, como el de Viviana Montenegro», sostuvo el diputado.

Montenegro fue asesinada y violada por Luis Carrasco en 1998. Desde entonces él permanece preso y ha pedido la libertad condicional en varias ocasiones, la cual se le ha negado, entre otros argumentos, por el informe del organismo penitenciario. Longton explicó que este año el sujeto insistió y la comisión de la Corte de Apelaciones decidió rechazarle el beneficio, sin embargo, él presentó un recurso de amparo.

«Ella (Donoso) integraba una de esas salas que vio el caso. Ella le da el beneficio de libertad condicional con un voto de minoría. Ella dice que no considera el informe, porque no lo considera no más, porque para ella solamente los otros son los requisitos objetivos. Entonces ella deliberadamente y arbitrariamente está aplicando de forma torcida la ley. Omitiendo un informe que es fundamental. Luego en la Corte Suprema vuelve a perder por 5-0. O sea de 13 jueces, ella fue la única que quería liberar a este tipo y con un informe lapidario. Era claramente un peligro para la sociedad», recalcó el legislador.