La ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, asistió en  calidad de invitada a la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en donde se refirió al proyecto de ley que modifica la Ley 19.968, incorporando cuatro disposiciones transitorias que regulan medidas de retención judicial de fondos previsionales y que fue aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles 5 de agosto pasado.

La sesión contó además con la participación  del ministro de Justicia, Hernán Larraín y la jueza del 2° Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres.
Respecto de la medida cautelar propuesta, la ministra Chevesich hizo hincapié  en que «es ad hoc, pues sus efectos están limitados a que el alimentante solicite, previamente, el retiro fondos dentro del periodo que establece la ley N° 21.248».
Agregó que sobre la resolución de solicitudes «de plano» y en un plazo de 48 horas  no obstante es coherente con las características de las solicitudes de urgencia, «igual constituye una exigencia importante, dada la masividad de los ingresos generados. Asimismo, que se resuelva de plano solo significa que no se escuchará a la contraparte, por lo tanto, la judicatura deberá ponderar la solicitud y antecedentes que se le presenten para su resolución» indicó.
En esa línea, la jueza Mónica Jeldres sugirió modificar el plazo de 48 horas, por la expresión «en el más breve plazo, que no podrá exceder de tres días hábiles» y eliminar la expresión «de plano».
Sobre la declaración del afiliado, la ministra comentó que «no está en la reforma a la Constitución, pues sólo consagra su derecho a expresar – si decide retirar- el monto por el cual lo ejerce. Por ello, la declaración que se incorpora no parece procedente desde el punto de vista constitucional».
En relación a la obligación de remitir nóminas a las AFP,  la ministra explicó que «imponer el deber de remisión de una nómina con todas las causas con deudores de alimentos morosos, haya o no actividad de él o los alimentarios por hacer efectiva la deuda en los fondos que gestionan las AFP retirables por el afiliado, constituye un esfuerzo que supera toda capacidad del tribunal y que resulta estéril».  Agregó que  «debe suprimirse, o bien reorientarse en una medida que imponga un deber que resulte abordable para cada tribunal y sea oficioso para los fines de la iniciativa».
Acerca de la existencia de distintos acreedores por alimentos respecto del mismo alimentante frente al retiro de fondos de la AFP, la ministra Gloria Ana Chevesich enfatizó en que «nada señala respecto del caso de alimentantes con alimentarios habidos en diferentes relaciones, o de otro tipo de alimentarios».
Añadió que «siguiendo las reglas generales, a los distintos alimentarios se les debiera pagar a prorrata, en forma proporcional sus respectivos créditos pero se desconoce qué tribunal debe solucionar este asuntos y tampoco si alguno de esos tribunales puede hacerlo de oficio. De cualquier modo, la falta de reglas específicas hace más probable que los distintos alimentarios disputen estos dineros, retardando la entrega de los alimentos hasta que sean resueltos todas las solicitudes y sus recursos».
Finalmente, la magistrada Jeldres dio cuenta sobre la complejidad  del trámite para determinar el monto de lo adeudado, pues se requiere de múltiples gestiones y  en muchas ocasiones hay situaciones que la hacen más compleja como  la existencia de más de un deudor en la causa, que la petición se haya solicitado en materias que no corresponden a alimentos, que existan causas en que se haya solicitado el aumento, disminución o cese o que exista una demanda en contra de los abuelos. Todo ello requeriría un estudio más acabado de los antecedentes.