A través de un comunicado, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos abordó la actual situación en que se encuentra la zona sur del país, la que incluye huelgas de hambre de parte presos, manifestaciones y enfrentamientos, principalmente en la región de La Araucanía.

Entre los puntos abordados se encuentran las cifras de excarcelaciones por pandemia, los petitorios tras las protestas y las medidas desplegadas por el Ejecutivo para compatibilizar la reclusión con las costumbres de creyentes o quienes pertenezcan a pueblos indígenas.

Hace ya más de una semana se agravaron las protestas por la reclusión de 11 comuneros mapuche, en calidad de condenados e imputados, quienes iniciaron una huelga de hambre acusando ser «presos políticos» y solicitando conmutar su actual privación de libertad por arresto domiciliario total.

Entre los presos en cuestión se encuentran el machi Celestino Córdova y los primos José y Luis Tralcal, condenados por el crimen Luchsinger Mackay. Ante ello, la cartera indicó que «los diversos petitorios que han motivado la huelga de hambre exceden con creces las facultades que corresponden no sólo a este Ministerio, sino al Gobierno», citando como algunos de estos la libertad de «todos los presos políticos mapuches y no mapuches» o «la devolución de las tierras ancestrales», consigna Emol.

«Cabe señalar que quienes se encuentran privados de libertad lo están que así se ha determinado por un tribunal imparcial e independiente, sea que se haya dictado una condena con pena efectiva de cárcel considerando la gravedad del delito, o bien porque ha dispuesto la prisión preventiva según los antecedentes que existen en cada proceso en particular», añadieron.

Recalcando además que «no le corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ni al Gobierno intervenir en dichas competencias propias de los tribunales de justicia».

 

Excarcelaciones por pandemia

Justicia recordó además que uno de los hechos invocados por los protestantes han sido las libertades otorgadas producto de la pandemia del covid-19, sosteniendo que «si consideramos que de la población penal un 3,6 % pertenece a pueblos originarios, se destaca que en todas estas medidas se han beneficiado en mayor proporción las personas pertenecientes a pueblos originarios».

Para ello detallaron que el indulto conmutativo «benefició a 1.556 personas, de las cuales un 3,7% corresponde a personas pertenecientes a pueblos originarios».

Y respecto de la prisión preventiva, en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gendarmería y la Defensoría Penal Pública, del total de prisiones preventivas revocadas en tiempos de crisis sanitaria, un 9% benefició a personas provenientes de pueblos originarios. En tanto en materia de libertad condicional, se benefició a un 5,1%», añadieron.

Sostuvieron además que la institución penitenciaria ha «ha velado siempre por el resguardo de la salud de todas las personas privadas de libertad», indicando que se ha permitido el ingreso permanente de personal médico independiente luego que los reos en huelga de hambre se negaran a ser evaluados por los equipos médicos de cada recinto.

«Se han presentado recursos de protección a fin de permitir la acción médica en caso de urgencia y se ha derivado a centros hospitalarios cuando se ha estimado necesario para resguardar la salud de los propios huelguistas», acotaron, consigna Emol.

En esa línea, manifestaron que desde el ministerio se ha buscado «en forma permanente» espacios de diálogo con los comuneros en huelga. Aquello, siguieron, ha permitido tener reuniones con el machi Celestino Córdova.

«Por el contrario, respecto de las personas en huelga de hambre de la Cárcel de Angol, si bien se han intentado numerosos espacios de diálogo con sus representantes, directa o indirectamente, esto no ha sido posible hasta la fecha. Así, se les ha propuesto abrir un espacio de diálogo en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos».

Diálogos interculturales y medidas

Ya abordando las medidas adoptadas y aquellas que se tomarán a futuro, Justicia relató que en julio iniciaron los Diálogos Interinstitucionales en materia cultural y religiosa en Establecimientos Penitenciarios, que buscan alcanzar una propuesta para mejorar las condiciones de reclusión de los internos pertenecientes a pueblos originarios y distintos credos, y así cambiar el reglamento penitenciario para estos grupos.

Así también, se han recibido solicitudes de mejoras inmediatas a la regulación penitenciaria, producto de las cuales se dictó el 29 de julio una resolución exenta que considera, por ejemplo, aplicar un enfoque intercultural en la evaluación de la conducta para el proceso de reinserción social.

Esto quiere decir que aquellos reos indígenas que no asistan a la escuela por falta de un proyecto educativo con enfoque intercultural no tendrán una evaluación negativa de conducta. Se dispuso además el ingreso de médicos «pertenecientes a los pueblos originarios o su equivalente a quien ejerce dicha función de sanación, de acuerdo a como es reconocida en su cosmovisión»; que se entenderá que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias; y que se asegurarán espacios para manifestaciones espirituales y religiosas.