La Corte Suprema mantuvo la sentencia que condenó a una empresa Inmobiliaria Independencia S.A. a pagar indemnización a los dueños de casas de un conjunto habitacional de Talca con defectos de construcción en la aislación térmica.

En fallo unánime (causa rol 21.184-2020), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa María Maggi, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Arturo Prado y Jorge Zepeda– declaró inadmisibles los recursos de casación en la forma y rechazó los recursos de casación en el fondo deducidos por las partes en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Talca, que fijó las indemnizaciones en $ 14.000.000 (catorce millones de pesos) por concepto de daño emergente, por cada vivienda perteneciente a los demandantes; y de 10 millones y 5 millones de pesos, las indemnizaciones por concepto de daño moral que deben recibir cinco y cuatro demandantes, respectivamente.
«Que la sentencia impugnada en sus considerandos segundo y tercero establece que las deficiencias en la construcción de las viviendas de los actores se han originado por la ausencia de mecanismos idóneos de aislación térmica, lo que tendría su génesis en la instalación de un hormigón inadecuado para las calidad de las viviendas construidas. Luego, advierte que los perjuicios se han generado también por la inactividad de la demanda, quien no remedió los defectos mediante soluciones definitivas, en circunstancias que estaba obligada a ello conforme lo dispone el numeral 3 del artículo 2003 del Código Civil. Concluye el tribunal de alzada que ‘la conducta desplegada por el demandado debe de calificarse de cuasidelito civil, en atención a la ausencia de dolo en su actuar, pero observándose negligencia o descuido en el deber jurídico que le asistía, por lo que a la luz de lo previsto en el artículo 2329 del Código Civil, deben ser reparados los daños ocasionados con motivo de ese comportamiento reprochable‘», establece el fallo.
La resolución agrega: «Que del tenor de lo expuesto en el considerando precedente aparece que la fuente de la obligación de indemnizar, proviene del incumplimiento del deber jurídico que le asistía a la Inmobiliaria demandada. Precisado lo anterior, no se advierte cómo los sentenciadores pudieron incurrir en la infracción de las normas que regulan los efectos jurídicos de los contratos, desde que lo imputado por los actores es el incumplimiento de una obligación legal en cuyo caso el régimen jurídico aplicable es indefectiblemente el de la responsabilidad aquiliana. Cabe advertir también que el fallo recurrido ha asentado el hecho consistente en que se utilizó material de construcción inadecuado y que existieron deficiencias en la construcción al usar mecanismos no idóneos para la aislación térmica de los muros, lo que generó perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que también se tuvieron por acreditados. Éste es el hecho básico que sustenta la decisión de la sentencia impugnada y que no puede ser modificado por este tribunal, al no haber sido atacado denunciando infracción a leyes reguladoras de la prueba que, de ser efectiva, permita su alteración. Las normas mencionadas por el recurrente no revisten este carácter y, en efecto, con base en tales preceptos los jueces han concluido que la inmobiliaria debe indemnizar a los actores».
Para el máximo tribunal: «(…) en este particular escenario, la denuncia de infracción a lo dispuesto en el artículo 2003 del Código Civil carece de influencia en la decisión de acoger la acción pues, asentado que fue el hecho en los términos referidos en el considerando anterior -en la especie- es la ley la hace igualmente responsable a la demandada. Concretamente, los actores invocan como fundamento jurídico principal lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que hace responsable a la inmobiliaria demandada en su calidad de primer vendedor de las viviendas cuyos defectos de construcción les ha generado perjuicio».
«Así, entonces, establecida la obligación de la demandada de entregar inmuebles cuya construcción sea apta para ser habitados, su incumplimiento -asentado como hecho en el proceso genera indefectiblemente- la obligación de indemnizar, de manera que la infracción al aludido precepto, de la manera que se ha planteado, carece de influencia en lo dispositivo del fallo», añade.