Dos altos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) fueron procesados el lunes por admnistración fraudulenta por supuestas irregularidades en la concesión de peajes de autopistas urbanas en Argentina, en la que dos ex ministros fueron citados a indagatoria.

El juez Rodolfo Canicoba Corral procesó al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y los embargó por 500 millones de pesos (6,6 millones de dólares). En 2018, Iguacel dejó ese cargo para ocupar el Ministerio de Energía y desde diciembre del año pasado es alcalde de la ciudad de Capitán Sarmiento (150 kilómetros al norte de Buenos Aires).

Ambos funcionarios se habían negado a declarar la semana pasada y recusaron al juez, quien este lunes rechazó la recusación y los procesó sin prisión preventiva, informó una fuente judicial. El magistrado citó además a indagatoria a los ex ministros Guillermo Dietrich (transporte), para el viernes próximo, y Nicolás Dujovne (Hacienda), para el lunes 27 de julio.

Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol (Ausol) S.A. y Grupo Concesionario Oeste, sin fecha aún para la indagatoria. Canicoba Corral investiga presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste.

Según el escrito, las pruebas colectadas son suficientes para sospechar de «que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso», consigna AFP.

La causa investiga la prórroga por 10 años de las concesiones a las empresas de peaje, sin llamar a nuevas licitaciones. Además el pago por parte del Estado a las empresas concesionarias de un monto de al menos 500 millones de dólares como supuesta compensación de inversiones de Ausol y otros 300 millones a Concesionaria Oeste.

Según el juez, el pago se hizo «pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida».

Según la denuncia, la empresa Ausol presentó una demanda contra Argentina por 1.100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) el 7 de diciembre de 2015, tres días antes de la asunción de Macri. Pese a que no habían pasado antes por la justicia argentina, el gobierno de Macri negoció con las empresas y pagó unos 500 millones de dólares. Se investiga además la venta de acciones que tenía Macri en Ausol a Natal inversiones, a un precio 400% más alto que lo que valían antes de diciembre 2015.