La Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC) acogió hoy a trámitación el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una jueza respecto la sanción que reciben aquellos que circulan en zonas con restricciones sin el permiso exigido por las autoridades, infracción por la cual cientos de personas se han presentado ante tribunales a lo largo del país.

Fue la titular del 4º Juzgado de Garantía de Santiago Andrea Díaz-Muñoz la que llevó hasta el TC el caso de un hombre que fue sorprendido transitando por la vía pública en La Reina sin el documento correspondiente.

El Ministerio Público solicitó llevar al imputado a un procedimiento monitorio, donde se buscaría aplicar el pago de 6 UTM -$301.000- como castigo. Sin embargo, la jueza cuestionó aplicación de la ley, rechazando la pretensión de la fiscalía y agendando, en reemplazo, un procedimiento simplificado para el 21 de octubre, además de optar por recurrir al TC, consigna Emol.

En el documento, Díaz Muñoz pidió al tribunal pronunciarse sobre la aplicación que se está dando al artículo 318, que sanciona a quienes ponen en riesgo la salud pública, ya que, a su juicio, el comportamiento que se está castigando bajo este, es decir el no tener permisos de circulación, no está descrito explícitamente en una norma, sino que solo en una resolución exenta del Ministerio de Salud. Para ello, cita el artículo 19 Nº 3, inciso noveno de la Constitución, en cuanto este indica que «ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella».

Frente al caso, la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, indicó que «la magistrada estimó que era pertinente hace uso de esta figura y plantea este requerimiento», aunque acotando que no era del todo necesario llegar al TC, ya que se podría resolver en la misa sede. «Pero está la posibilidad y ella la ejerció», cerró.

El TC ya acogió a tramitación el requerimiento, según se informó en un comunicado. Así también, se resolvió acceder a la solicitud de la jueza de suspender el procedimiento, y confirió un plazo de diez días a las partes del proceso penal para que formulen observaciones en torno a la admisibilidad del requerimiento.