En un fallo histórico, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump entregar sus documentos financieros -tanto personales como de sus empresas- a la Fiscalía de Nueva York, a lo que el mandatario se ha resistido desde que inició su primera campaña presidencial.

Por 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces fallaron a favor de la Fiscalía, que pedía los registros para investigar si el mandatario ha vulnerado las leyes estatales, constató Business Insider. “Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, puede evitar tener que presentar documentos en caso de una investigación penal (…) El presidente no goza de inmunidad absoluta de las órdenes de los fiscales de justicia estatales”, resolvió el máximo tribunal del país norteamericano, consigna AFP.

Según constató el medio especializado Politico, los jueces rechazaron unánimemente los argumentos de Trump, en que el mandatario aseguraba tener “absoluta” inmunidad frente a la investigación criminal de la Fiscalía, pero concedió que tribunales menores no hicieron lo suficiente para indagar en comparendos del Congreso para registros similares.

La noticia llega a pocos meses de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, a celebrarse en noviembre, pero aún queda por ser determinado si los registros serán revelados antes de aquella instancia, teniendo aún Trump herramientas legales y constitucionales para resistirse.

Politico también destaca que el fallo “podría remodelar el balance de poder entre los legisladores y la Casa Blanca de la forma más dramática desde el escándalo de Watergate”, que derivó en la renuncia del entonces presidente, Richard Nixon, en 1974.

Tras conocerse el fallo, Trump se declaró víctima de un “enjuiciamiento político” mediante una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter.

Minutos después del primer fallo, reportó la Agence France-Presse la Suprema resolvió también contra Trump en un segundo caso, en que el mandatario demandó a su firma de contabilidad y su banco para impedir que cedieran a comparendos del Congreso para obtener sus registros financieros.

El tribunal concluyó que, en efecto, el Congreso tiene las facultades para solicitar estos registros. Sin embargo, derivó ambos casos a juzgados menores para resolver asuntos de separación de los poderes del Estado.