Son 230 las páginas que conforman la segunda edición actualizada y complementada del ensayo sobre “Delito de lavado de activos y deberes positivos”, publicado por Ediciones DER, en el que se analiza la configuración de obligaciones positivas en la prevención del lavado de activos en el ordenamiento nacional y el fundamento de la responsabilidad de los sujetos obligados.

El autor de la obra es Pablo Tomás Albertz Arévalo, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa de la Universidad de Chile y Diplomado en Gobierno Corporativo y Prevención de Delitos en la Empresa de la Universidad de Talca.

En esta segunda edición se destacan referencias a leyes que inciden en la materia (N ° 21.130, N ° 21.163, N ° 21.211 y N ° 21.234); deberes positivos de las circulares UAF N ° 59 y N ° 60, embajadas de 2019;nuevas orientaciones del GAFI e informes de la UAF; etapas de configuración del lavado y mecanismos adicionales utilizados por lavadores y usuarios de criptoactivos para blanquear dinero. Se agrega, también, jurisprudencia de Cortes de Apelaciones, Corte Suprema y dictámenes de la Contraloría General de la República respecto a temas de la Ley Nº 19.913.

En el libro se sistematizan las obligaciones de la Ley N ° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en la materia, normas de la UAF, regulación por actividad económica y otras fuentes de obligaciones atribuidas a personas naturales y jurídicas que se encuentran en posición de garante.

Se revisa la responsabilidad derivada de un deber negativo (neminem laedere) y la institucional construida por deberes positivos, las bases para soportar el lavado de activos, bajo ciertos supuestos, se trata de un delito de infracción de deber institucional. Del mismo modo, se definen las manifestaciones que concretan los deberes positivos en la normativa antilavado nacional, en virtud de las competencias institucionales derivadas del rol y sistema económico. Lo anterior se fundamenta en la necesidad de dar respuesta al estándar de cuidado exigido tanto de sujetos obligados como de cualquier ciudadano.

En el prólogo de la obra de Ediciones DER Osvaldo Artaza Varela, doctor en Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Barcelona e integrante del Centro de Estudios de Derecho penal Universidad de Talca, destaca la relevancia de la obra aludiendo a que pretende resolver el siguiente problema: en qué medida un sujeto puede ser competente por el hecho de que un tercero utilice o se aproveche de determinada estructura empresarial –a cargo del mismo sujeto– para poder lavar dinero proveniente de conductas delictivas. Para esto recurre al aparato conceptual otorgado por la doctrina penal que distingue entre delitos de organización y delitos de infracción de un deber en atención a si se trata de la infracción de deberes negativos o si, por el contrario, se han infringido deberes positivos derivados del rol del sujeto en particular. El problema previamente detectado se resolvería, de acuerdo al autor, atendiendo al alcance de ciertos deberes positivos de colaboración.

“Sin duda alguna, uno de los principales aportes de este estudio dice relación con el detallado análisis de la normativa vigente para dar cuenta de la construcción de tal deber. Tal proceso resulta complejo debido al tipo de normativa que confluye en el mismo. En este caso, si bien es cierto el núcleo del comportamiento típico está contenido en la Ley N° 19.913, no es menos cierto que es imposible de delimitar adecuadamente si no se tiene en consideración la normativa propia de la Unidad de Análisis Financiero o, incluso, buenas prácticas o conocimiento esperado por parte del mismo sujeto obligado” destacó Artaza Valera en el prólogo.