La querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago fue una de las últimas acciones legales presentadas contra el Presidente Sebastián Piñera.

Y no es la única querella que el equipo jurídico del Mandatario deberá lidiar, ya que se suma a varias acciones legales que han sido presentadas en su contra desde que asumió por segunda vez en La Moneda.

Funeral de Bernardino Piñera

Además de la querella de Jadue, el Presidente deberá responder por el reciente funeral de su tío y ex arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera. La ceremonia fue cuestionada porque el mandatario no habría respetado las medidas de aislamiento social y recomendaciones del Ministerio de Salud.

Frente a este hecho la diputada Claudia Mix (Comunes) interpuso una denuncia criminal en la Fiscalía contra Piñera. Según alegó la parlamentaria en el escrito, “la máxima autoridad del país contravino las indicaciones sanitarias y puso en peligro la salud pública“, consigna El Dínamo.

“Las imágenes del funeral son indignantes y provocadoras. En momentos en que miles de familias no han podido despedir a sus seres queridos, resulta violento ver cómo la máxima autoridad del país pasa a llevar una vez más todos los protocolos”, explicó Mix en el texto.

Pero no fue la única acción que se generó en contra del Presidente por el funeral de Bernardino Piñera, ya que, el diputado Gabriel Ascencio (DC) hizo lo propio y presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional por violar el artículo 318 del Código Penal, es decir, no haber respetado las medidas sanitarias.

Estallido Social

También existen acciones judiciales, aún en trámite, contra Piñera por su eventual responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el estallido social de octubre del 2019.

Por ejemplo, en enero del 2020 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por el partido Revolución Democrática (RD) en contra del Presidente Piñera.

De acuerdo al escrito, la máxima autoridad de nuestro país sería, en parte, responsable de “homicidios, torturas y apremios ilegítimos, físicos, mentales y sexuales, violaciones, privación de libertad arbitraria, detenciones selectivas de personas, detenciones ilegales, privación de libertad física y mutilación de ojos”, durante el periodo de duración que tuvo el estallido social.

Por su parte el senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro (PRO) también presentó una querella contra Piñera el 16 de diciembre del 2019 ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que decidió inicial la tramitación.

La acción judicial considera los casos de víctimas que resultaron con uno o sus dos ojos dañados producto del actuar de agentes del Estado. En el documento, se acusa al Presidente Sebastián Piñera de haber “violado el Artículo N° 5 de la Ley 20.357”, el cual tipifica los crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes.

Navarro explicó en 2019 a EL DÍNAMO “hay casos emblemáticos”, como por ejemplo, “Rodrigo Lagarini, Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, Alejandro Torres; todos quienes perdieron la visión de uno o ambos ojos. Y el caso de la joven de 15 años que ayer recibió una lacrimógena en la cabeza y hoy está en riesgo vital, es la gota que rebalsó el vaso de la impunidad”.

 

Causas poco conocidas contra Piñera

Sin embargo, además de las causas en contra del Presidente Piñera que han salido a la luz pública, hay varias acciones judiciales que los abogados de La Moneda han manejado y resuelto discretamente.

 

Anuncio de vuelta a clases trajo problemas

Así, por ejemplo, en abril de este año la abogada Marisa Navarrete presentó un recurso de protección contra el Presidente Piñera y otras autoridades de Estado -ministros de Educación y de Salud- por una supuesta “vulneración de garantías fundamentales”.

¿La razón? Según indicó la también apoderada del Colegio San Ignacio, en el documento ingresado en la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, las autoridades de Gobierno no mostraron una postura clara a favor de la suspensión de clases en todo el país por el COVID-19.

Sobre Piñera, en el documento se afirmó que hubo, “omisión del Presidente de la República en su carácter de jefe de Gobierno de instruir el lineamiento general en materia de calendario escolar en época de catástrofe en resguardo de la vida de los menores de edad y sus familias”, consigna El Dínamo.

Sin embargo, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Dobra Lusic, Jessica González y Rafael Andrade, rechazaron el recurso de protección y lo declararon inadmisible porque “no aparece que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

 

Campaña contra playas privadas

Otra de las acciones judicial falladas a favor de Piñera fue la que interpuso en 2019 la familia Jaramillo por la campaña “que no falte playa”.

Por esos días una comitiva encabezada por la ex ministra de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, en compañía de periodistas y Carabineros de Chile, llegaron hasta el Fundo Mónaco en Pichilemu para reabrir un paso peatonal con salida a la playa cerrado por los propietarios del terreno.

Según alegaron los Jaramillo la acción habría “dado certeza a la comunidad del dominio pleno sobre el camino que pretende instalar la autoridad”.

Sin embargo, la Corte Suprema finalmente decidió ante la “inexistencia del comportamiento antijurídico por parte de las autoridades”, cerrar la tramitación del Recurso de Protección.