La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, apuntó que las medidas cautelares para quienes infrinjan las cuarentenas sanitarias dependen de muchos factores y que «todas las normas no pueden ser aplicadas de manera mecánica».

Esto luego de que existieran críticas hacia los magistrados de los Juzgados de Garantía por las sanciones que están aplicando a quienes faltan al artículo 318 del Código Penal, que sanciona -con 61 y 540 días de presidio o multas de 6 a 20 UTM- a quienes ponen en riesgo la salud pública.

Existen críticas ya que algunos de los detenidos pueden quedar en prisión preventiva, mientras que otros tienen medidas cautelares menos gravosas, como el arresto domiciliario; incluso hay casos en que la detención de personas que transitaban sin salvoconducto ha sido declarada ilegal.

«La fijación de la sanción a imponer va a depender de una serie de otros factores, como son las circunstancias atenuantes y agravantes, siendo delito la pena puede llegar a una pena de falta, pero depende del ejercicio intelectual que tiene que hacer el magistrado, todas las normas no pueden ser aplicadas de manera mecánica», recalcó Chevesich.

El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, recordó que se está tramitando actualmente un proyecto de ley que «busca intensificar las respuestas para poder realmente tomar medidas que eviten todos estos incumplimientos que estamos viendo a diario y que van en perjuicio de toda la población», consigna Cooperativa.

Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana, expuso que «las medidas que tienen impacto en una disminución de la comisión de delitos van más por la certeza de la detención que por la gravedad de la pena del delito; se tiende a pensar que aumentar las penas tienen impacto, pero si la persona percibe que la probabilidad que lo descubran cometiendo el delito es extremadamente baja, las penas no sirven; lo que hay que hacer es lo que hemos visto en los últimos días, mayor fiscalización».