La Corte Suprema rechazó recurso de queja pero, actuando de oficio, ordenó al Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, continuar con la tramitación de demanda de cobro de prestaciones, finiquito e indemnización de perjuicios por accidente del trabajo.

En fallo dividido (causa rol 21.204-2020), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Mauricio Silva Cancino, Jorge Zepeda y el abogado (i) Antonio Barra– dejó sin efecto la resolución impugnada, en la parte que confirmó la resolución de primer grado que acogió la excepción de prescripción planteada por la demandada.

«Que conforme la recta comprensión de dicho texto, no parece procedente estimar como requisito para la interrupción de la prescripción, la notificación de la demanda, la cual si bien tiene un efecto sustantivo para fines procesales, en caso alguno se configura como un elemento constitutivo de la interrupción civil de la prescripción, máxime si dicha actuación no depende de la pura voluntad del acreedor, desde que ‘queda supeditada su realización a los vaivenes del acto procesal del receptor y la no siempre fácil ubicación del deudor‘, como esta misma Corte lo afirmó en los antecedentes Rol N° 6.900-15 y 43.450-17, añadiendo que ‘el fundamento de la prescripción estriba en sancionar la desidia o negligencia del acreedor en la protección de sus derechos o en el reclamo de los mismos. La presentación de la demanda parece satisfacer este requisito dado que ahí aflora su voluntad de hacer efectivo su derecho mediante la acción respectiva, sin que haya necesidad de notificación de la demanda‘, circunstancia que se ve agravada en materia procesal laboral, donde, como es sabido, la carga de efectuar el acto de la notificación, recae en el órgano jurisdiccional», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «A ello se une la circunstancia de que, si bien, el artículo 2503 N° 1 del Código Civil, pudiera prestarse para la interpretación contraria, en estricto rigor, no exige que deba notificarse dentro del plazo de prescripción para que ésta se entienda interrumpida, pues se limita a establecer que la demanda debe haber sido notificada para alegar la interrupción, pero no señala la época en que deba realizarse ni tampoco que deba efectuarse antes de cumplirse el plazo».

«(…) finalmente –continúa–, se debe añadir, que en materia laboral, desde antiguo se ha aceptado por la jurisprudencia, a propósito del inciso penúltimo del artículo 510 del Estatuto Laboral, que señala que ‘Los plazos de prescripción establecidos en este Código no se suspenderán, y se interrumpirán en conformidad a las normas de los artículos 2523 y 2524 del Código Civil‘, que este consagra una máxima general en esta materia, que a juicio de esta Corte, en virtud de los principios formativos del derecho laboral, debe entenderse extensivo a todos los ámbitos de esta disciplina».

«En efecto, la referencia que se efectúa al artículo 2523 ya mencionado, que establece que la interrupción en las prescripciones de corto tiempo se produce ‘desde que interviene requerimiento‘, parece indicar que el legislador pretendió darle a la interrupción en el ámbito laboral, un tratamiento más flexible, como el que justamente ostenta ese tipo de prescripción, donde la exigencia del ‘requerimiento’ ha sido interpretado de manera menos estricta e intensa que la expresión ‘demanda judicial’ que consagra el artículo 2518 del Código Civil o al ‘recurso judicial’ a que alude el artículo 2503 del mismo texto, llegando incluso a sostenerse por parte de la doctrina y jurisprudencia, que el requerimiento podría ser extrajudicial», añade.

«De manera que dicha remisión sólo puede entenderse, en el contexto de la eficacia en el ámbito laboral, interpretando que la interrupción civil de la prescripción extintiva, se configura con la sola presentación de la demanda, teniendo especialmente presente que al dilucidar el sentido correcto de la norma ha de primar el principio tutelar y el principio in dubio pro operario que inspira la normativa laboral», afirma la resolución.

Para la Corte Suprema: «(…) en ese sentido, cabe concluir entonces, que la interrupción de la prescripción relativa a la demanda formulada en el otrosí del libelo pretensor, esto es, aquella que pretende la indemnización de perjuicios por el accidente del trabajo que sufrió el actor el día 23 de octubre de 2014, se produjo al momento de la presentación de la demanda, es decir, el día 8 de octubre de 2019; en tales condiciones, se hace evidente que la sentencia recurrida incurrió en un yerro jurídico al considerar lo contrario, atribuyéndole equivocadamente el efecto de interrupción a la notificación legal de la demanda, incorrección que influyó de manera substancial en lo dispositivo de dicho pronunciamiento, pues en virtud de tal errada consideración, se acogió el modo de extinguir las acciones que se viene analizando, dejando al recurrente sin la posibilidad de obtener un pronunciamiento sobre el fondo de su pretensión, cuestión que debe ser corregida por esta vía».

«Lo anterior, sin perjuicio de que, como ya se manifestó con anterioridad, esta Corte no necesariamente se encuentra de acuerdo con la norma aplicada en la especie, pero que al no extenderse a tales efectos el presente recurso, dicha consideración debe estimarse como intangible en el presente estado procesal», asevera.

«Por estas consideraciones y normas legales citadas, actuando de oficio esta Corte, se deja sin efecto la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero último dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primera instancia en la parte que acogió la excepción de prescripción respecto de la demanda por la cual se solicita las indemnizaciones pertinentes que emanan del accidente del trabajo que denuncia; y, en su lugar, se dispone que el tribunal de primer grado dará curso a la tramitación de la demanda planteada en el primer otrosí del libelo pretensor, y consecuentemente citará a las partes para continuar la audiencia preparatoria sobre dicho punto, de conformidad al procedimiento establecido por la ley», concluye.

Decisión se adoptó con el voto en contra de los ministros Muñoz y Silva Cancino.