La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó la demanda deducida en contra de la Asociación Chilena de Seguridad por el supuesto error en el diagnóstico de enfermedad renal que habría impidió a trabajador demandante continuar desempeñándose en faenas a gran altura.

En fallo unánime (causa rol 15.024-2018), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa María Maggi, Rosa Egnem, Carlos Aránguiz, Arturo Prado y el abogado (i) Rafael Gómez– declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo, deducido por la parte demandante, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Arica, que confirmó la de primer grado que no dio lugar a la demanda.

«Que en su libelo el recurrente denuncia infringido el artículo 1698 del Código Civil, acusando contravención de normas reguladoras de la prueba, ya que su parte habría cumplido con la carga procesal de acreditar la negligencia de la demandada. En síntesis, asegura que la documental rendida demuestra que los resultados de los exámenes médicos serían contradictorios, y de haberse ponderado correctamente, los juzgadores debieron acoger la demanda», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, cual es que el escrito en que se lo interpone exprese, es decir, explicite en qué consiste el o los errores de derecho».

Para la Corte Suprema «(…) versando el conflicto sobre una demanda de responsabilidad civil extracontractual, quien recurre debió relacionar la eventual infracción de normas reguladoras de la prueba con los contenidos jurídicos sustantivos del instituto que hizo valer en el juicio. En este caso, el artículo 2314 del Código Civil, pues dicho precepto consagra precisamente la sanción de ineficacia que se pretende, y, necesariamente, debe ser aplicado en el fallo de reemplazo que se dicte en el evento de admitirse este arbitrio».

«Al no hacerlo, ello implica que el recurrente acepta la decisión jurídica sobre el fondo de la cuestión debatida, y la normativa conforme a la cual ha de resolverse el caso concreto debe tenerse como correctamente aplicada», añade.