«Vivimos en un estado de derecho democrático. Ambos atributos, pilares de nuestro sistema, implican deberes y libertades para cada integrante de la sociedad, que adquieren especial eco cuando se trata de personas investidas con cargos públicos de trascendencia. En ese marco, las opiniones y críticas del desempeño de quienes ejercen funciones públicas son, sin duda, un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Sin embargo, los adjetivos que públicamente se han dirigido en contra de algunos magistrados en los últimos días, parecen ser más propios de una crítica lanzada para ser en sí misma la noticia, que palabras con vocación de ser un instrumento de mejora.

Dentro de las funciones del Estado, una de las más complejas y que por esencia debe gozar de estabilidad, es la jurisdiccional, que ha de ser desarrollada con pleno apego al ordenamiento jurídico con la debida objetividad no sólo en tiempos de normalidad, sino también –y muy especialmente- en tiempos de excepcionalidad como el que vivimos. Esa estabilidad, que se funda en normas positivas –dictadas por otros poderes públicos- que establecen qué está prohibido, cómo se juzga y cómo se sanciona cada trasgresión, constituyen también un reforzamiento de la independencia que ha de tener el juez en cada una de sus actuaciones, garantía que más que proteger al propio magistrado, es la seguridad para toda persona que como imputada, víctima, querellante o ciudadano externo al proceso, sabrá que el juzgador resolverá el asunto desprovisto de presiones.

Ese mismo ordenamiento positivo dispone fórmulas para que todo interviniente de un proceso judicial pueda deducir los recursos pertinentes frente a una respuesta del juez que se considere contraria a derecho. También la propia Carta Fundamental exige –con toda lógica- el correcto comportamiento del juez, cuyo incumplimiento puede provocar un proceso de remoción, que puede ser requerido incluso a solicitud de parte interesada. Como puede advertirse, existen canales normativos e institucionales para corregir tanto las decisiones de los que juzgan como su comportamiento inadecuado, descartándose vacíos legales que con expresiones poco decorosas difundidas en los últimos días, deslizan la idea de nulo control e irresponsabilidad judicial.

Enfocados en el ejercicio ininterrumpido de la jurisdicción en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, nuestra institución ha sabido adaptarse a las exigencias de la autoridad de salud en orden a mantener el distanciamiento físico, mediante la implementación del teletrabajo y la aplicación de todos los medios tecnológicos para seguir atendiendo las necesidades de nuestros usuarios y salud de los funcionarios. Lejos de ser motivo de vergüenza, esta adaptación ha transformado a nuestra institución en un referente a nivel comparado, al garantizar la continuidad del servicio judicial en el escenario pandémico. En nuestras oficinas o en nuestros domicilios, según el caso, los jueces nos hemos mantenido en funciones desde el primer día en que iniciamos le era del teletrabajo, sin interrupciones, llegando hoy a un 85% de funcionarios trabajando vía remota.
En escenarios sociales complejos resulta especialmente delicado el despliegue de pasiones que, con calificativos que hacen fácil obtener réditos publicitarios, pasan por alto con liviandad la existencia misma de un orden jurídico conformado por reglas establecidas por el constituyente y el legislador, sostenido por instituciones y llevado a efecto por procedimientos también regulados, destinados a aplicar las eventuales sanciones respectivas bajo las hipótesis que siempre esas mismas reglas definen, orden al que este Poder del Estado debe su existencia y del que es celoso adherente y garante.

Sin perjuicio de nuestra razonable expectativa de moderación en el lenguaje de algunas de nuestras autoridades políticas, ratificamos el permanente compromiso de seguir cumpliendo el rol de conocer, resolver y hacer ejecutar las causas sometidas a nuestro conocimiento, con la independencia y objetividad que la Carta Fundamental y las leyes ordenan y garantizan, atributos que adquieren particular valor en circunstancias sociales excepcionales en que la tentación por pasar por alto las garantías sustantivas y adjetivas de las personas –siempre predefinidas por el ordenamiento jurídico- son potenciadas por declaraciones que se salen o son derechamente abusivas del marco democrático».