La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de protección de garantías constitucionales presentado por funcionaria en contra del ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel Ramírez, por la no renovación de contrata de analista de inversiones, cargo que ha ejercido por más de una década en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En fallo unánime (causa rol 2881-2019), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra María Isabel San Martín, la fiscala judicial Connie Fuentealba y la abogada (i) Carmen González– ordenó a la parte recurrida dejar sin efecto la resolución exenta impugnada, y reintegrar a la funcionaria en el cargo.

«Que, conforme a lo razonado esta Corte entiende que es ilegal la decisión adoptada por el Ministro de Desarrollo Social y Familia al desvincular a la recurrente, no renovándole el cargo a contrata que estaba sirviendo en los últimos 11 años, no obstante que dicho cargo se mantiene en la dotación del servicio por disposición de la Ley de Presupuestos. Lo anterior, por cuanto con dicha decisión se contraviene lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 50, 119, 126, 127, 150 y 153 del Estatuto Administrativo, y el artículo 11 de la Ley N°19.880», plantea el fallo.

Para la Corte de Punta Arenas: «(…) el acto recurrido ha devenido en una vulneración de la Garantía Constitucional de Igualdad ante la Ley, reconocida en el artículo 19° N°2 de la Constitución Política, toda vez que establece una discriminación arbitraria al no respetar a la recurrente, los mismos derechos y prerrogativas de los funcionarios de planta, según ordena textualmente el inciso segundo, del artículo 127, del Estatuto Administrativo, atendido que si su cargo sigue contemplado en la dotación del servicio por la Ley de Presupuestos, en este supuesto fáctico la desvinculación de la funcionaria que lo ha estado sirviendo sólo puede tener lugar por las causales de cesación en el cargo comunes a todos los empleados que tienen la calidad de funcionarios públicos».

«Asimismo –prosigue–, con el acto recurrido se ha conculcado también la Garantía Constitucional de Igualdad ante la Ley, porque a partir de la dictación de la Ley N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración Pública, todas las decisiones de las autoridades administrativas que puedan afectar intereses o derechos de los administrados de acuerdo con su artículo 21, deben adoptarse en el marco de un procedimiento administrativo que se encuentre sometido a los principios señalados en el artículo 4° de dicho cuerpo legal».

«Ello por cuanto resulta discriminatorio que se adopten decisiones por los jefes de servicio que afecten a los funcionarios a contrata que sirven en la Administración, fuera del ámbito de un procedimiento administrativo, atendido que a contar del año 2003, al promulgarse la ley N°19.880, se estableció una garantía -que antes de esa fecha no estaba positivamente regulada-, para todos los ciudadanos de la República que tengan un interés o un derecho que les afecte, a que dicha decisión sea adoptada en un procedimiento objetivo e imparcial», añade.

Por tanto, se resuelve que: «SE ACOGE el recurso de protección presentado por doña Ximena del Pilar Antonie van Aken, en contra del Ministro de Desarrollo Social y Familia don Sebastián Sichel Ramírez, y en consecuencia, se ordena el reintegro de la recurrente a su cargo a contrata que se encontraba sirviendo en la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Magallanes y Antártica Chilena».