El 3° Juzgado Civil de Santiago ordenó al Estado el pago de $63 millones por el daño causado a los dos jóvenes que en 2015 fueron formalizados e internados en un centro del Sename por un delito que no cometieron.

En la sentencia, el tribunal aseguró que «resulta que efectivamente la detención de F. O. y C. S., a la luz de los antecedentes posteriores que fue arrojando la investigación, puede calificarse de equivocada pues se comprobó fehacientemente su inocencia», estableciendo un error culposo por parte de Carabineros.

«Carabineros de Chile, al proceder a la detención de estos jóvenes, en esas circunstancias, indudablemente cometió un error, el que jamás podría calificarse de doloso, a juicio de esta magistrado, pero sí culposo, al creerse tener la convicción de que aquellos jóvenes, por el solo hecho de tratar de resguardarse y tener apariencia y vestimenta similar a la descrita por los afectados y lo observado por los funcionarios policiales, eran precisamente los partícipes del asalto», agrega la resolución.

Así también, el tribunal cuestionó las acciones desplegadas en la persecución penal que se llevó contra los afectados. «En relación al Ministerio Público, se cuestiona su actuar, en relación a la solicitud de formalización de ambos jóvenes, así como de la aplicación de medidas cautelares», dijo el tribunal, aunque acotando que el proceder de la fiscalía no puede calificarse «como injustificadamente erróneo o arbitrario reiterando que siempre las solicitudes de cautelares quedarán al criterio del Tribunal que conoce de ellas».

Ante el fallo, desde el estudio Rivadeneira Colombara Zegers, que representó a los jóvenes en el marco del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública y la Fundación Pro Bono, indicaron que «obtener una indemnización en casos como este no sólo involucra un reparo y reconocimiento al honor personal y al de las familias de los afectados, implica además un reconocimiento de los errores que el Estado y sus instituciones pueden cometer, instando a que tanto el Ministerio Público como otras organizaciones revisen sus procesos».

En tanto, el defensor nacional, Andrés Mahnke, sostuvo que «año a año, aproximadamente 50 mil personas deben enfrentar el sistema de justicia sin ser responsables del delito que se les acusa. El año pasado 3 mil 800 de ellas debieron estar en prisión preventiva -33 mil desde que inició la Reforma Procesal Penal- antes de que se establezca su inocencia», consigna Emol.

El caso

Fue en septiembre de 2015 cuando los estudiantes, ambos menores de edad, fueron detenidos por el robo a una joyería en el centro de Santiago, debiendo pasar nueve días en un centro del Sename. Posteriormente quedaron, por 15 días, con arresto domiciliario y firma quincenal.

El Ministerio Público los formalizó por los delitos de robo con intimidación, porte de arma de fuego y receptación, considerando que el atraco implicó una persecución y tiroteos con personal de Carabineros en las afueras del Servicio Médico Legal.

Ante la recopilación de testimonios, documentos médicos y educacionales, ambos fueron finalmente sobreseídos, estableciéndose que los dos estaban en el sector para tomar un bus de vuelta a Til Til luego de acudir al Hospital San José, donde uno de ellos seguía un tratamiento kinesiológico.