La Tercera Sala de la Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de casi 1.300 millones de pesos a los familiares de Joaquín Arnolds, una de las 21 víctimas del fatal accidente del avión CASA 212 de la FACH que cayó en la isla de Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.

En concreto, el monto alcanza los 1.286 millones de pesos, los cuales tendrán que ser pagados a la viuda y los 4 hijos del fallecido. De ellos, 536 millones de pesos para ella por el concepto de lucro cesante, y otros 150 millones de pesos a la cónyuge y para cada uno de sus descendientes por daño moral.

En septiembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago había fallado en el mismo sentido, confirmando la resolución de primera instancia, pero había fijado un monto inferior: 750 millones de pesos a raíz de la muerte del ingeniero de la fundación Desafío Levantemos Chile.

Además de Arnolds, en el vuelo viajaban otros miembros del Desafío Levantemos Chile, integrantes del Consejo de la Cultura y un equipo de TVN; entre ellos, Felipe Camiroaga, Roberto Bruce y Felipe Cubillos, consigna BioBioChile.

La resolución del máximo tribunal, conocida durante la tarde de este viernes, subrayó que la FACH incurrió en omisiones, falta de planificación y rigurosidad de la normativa interna en los momentos previos y coetáneos al vuelo.

En conversación con Radio Bío Bío, el secretario de la Corte Suprema, Jorge Saéz, afirmó que revocaron la sentencia de segunda instancia e incluyeron el lucro cesante, con un total de 1.286 millones de pesos.

En tanto, el abogado de una de las víctimas del accidente, Maximiliano Delgado, dijo es una resolución lapidaria, ya que desecharon los argumentos del Fisco, al constatar, que el vuelo fue riesgoso y negligente.

No obstante, el caso particular de Camiroaga y otras víctimas corre por otra vía, cuya acción en primera instancia fue desestimada por el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en noviembre de 2018, tras establecer que luego de lo ocurrido no se configura falta de servicio de la FACH y consecuentemente del Estado.

Por esa razón, en diciembre de ese año, la familia de Camiroaga -que exige el pago de 960 millones de pesos por daño moral- recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para intentar revocar el fallo que negó las indemizaciones, donde aún debe ser revisada y, eventualmente, pasar a la Corte Suprema.