Sensibilizar y generar una reflexión sobre la aplicación de la Ley 21.120, de Identidad de Género, por parte de los tribunales  y los desafíos pendientes del sistema de justicia fue el objetivo de la charla virtual organizada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que contó con alrededor de 150 personas conectadas.

En la actividad expuso la jueza del 1° Juzgado Civil de Santiago y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Isabel Margarita Zúñiga; y el académico y consultor en Derechos Humanos e Identidad de Género, Andrés Rivera.
«No necesitamos que nos digan cómo ser, necesitamos que nos dejen ser» indicó Rivera al final de su presentación, quién se refirió y aclaró los conceptos de orientación sexual e identidad de género. Además hizo un recuento de la historia de la ley 21.120, y expuso sobre casos de vulneración de la Ley 17.344(cambio de nombre) a la dignidad y derechos humanos de las personas trans.
Por su parte, la magistrada Zuñiga se refirió a la actuación de los tribunales previo a la entrada en vigencia de la Ley 21.120; la exclusión de niños y niñas (menores de 14 años) y la posibilidad de reconocimiento legal a su identidad; las vías judiciales mediante las cuales podrían recurrir  y los principales problemas a los que se enfrentan, en especial ante una solicitud de reconocimiento vía procedimiento civil voluntario.
«La Ley  de Identidad de Género nos impone el desafío a aplicarla fundada en los principios que la ley consagra expresamente, entre otros no discriminación arbitraria y dignidad de trato, decidiendo en función del interés superior del niño o niña,  procurando que estos, como titulares de derechos fundamentales, obtengan junto a sus padres el reconocimiento legal a su identidad de género, y evitar daños innecesarios en su desarrollo» indicó la jueza Isabel Margarita Zuñiga.
«Los jueces y juezas  estamos sometidos en nuestras decisiones a respetar los tratados internacionales que Chile ha ratificado velando por el efecto de sus mandatos en el marco de nuestras competencias y regulaciones procesales», finalizó.