La Corte de Apelaciones de Rancagua declaró admisible un recurso de protección interpuesto por un apoderado en contra de la Fundación Educacional Instituto San Lorenzo, por cobrar mensualidades durante la alerta sanitaria.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada solicitó al instituto evacuar un informe dentro de un plazo de diez días, tras lo cual se dará a conocer el fallo.

De acuerdo a la resolución, la fundación educacional deberá acompañar «todos los
antecedentes que obren en su poder y que digan relación con la presente acción cautelar», consigna Cooperativa.

En el caso de que haya incumplimiento de la solicitud, la Corte advirtió que será «bajo apercibimiento» y se aplicará «algunas de las medidas que contempla el N°15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema» como, por ejemplo, una multa.