La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó la demanda presentada en contra de la isapre Vida Tres S.A. por una supuesta infracción a la ley de protección de los derechos de los consumidores, al reajustar planes de salud.

En fallo unánime (causa rol 29.496-2019), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes, Arturo Prado y el abogado (i) Daniel Peñailillo y Leonor Etchberry– declaró inadmisible el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que no dio lugar a la acción colectiva deducida por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus).

«Que la recurrente funda su solicitud de nulidad sustancial expresando que el fallo cuestionado no hace una correcta aplicación del derecho al analizar las normas que han servido de fundamento a la demanda, aceptando la teoría de la inaplicabilidad de la Ley de Protección a los Consumidores en la situación planteada en autos. Explica que con ello se priva a los usuarios del derecho a impetrar perjuicios al amparo de dicha normativa especial, la que -en concepto de la actora- resulta plenamente aplicable conforme a la contra excepción al artículo 2 contenida en el artículo 2 bis del referido texto legal. Adujo de manera expresa como infringido el artículo 3° letra b) de la Ley N° 18.496», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «el artículo 772 N°1 del Código de Procedimiento Civil sujeta el recurso de casación en el fondo a un requisito indispensable para su admisibilidad, esto es, que el escrito en que se interpone exprese, es decir, explicite en qué consisten y cómo se han producido él, o los errores, siempre que éstos sean de derecho»-.

«(…) versando la contienda –continúa– sobre una acción de protección al interés colectivo o difuso de los consumidores, la exigencia consignada en el motivo anterior obligaba al impugnante a denunciar como infringidos todos aquellos preceptos que, al ser aplicados, sirvieron para resolver la cuestión controvertida. En este caso, habiendo esgrimido como base del recurso una errónea interpretación de la Ley N° 19.496 el libelo debió relacionar la transgresión denunciada con los artículos 19 a 23 del Código Civil, particularmente el texto del artículo 22 de este cuerpo normativo citado expresamente por los jueces del grado en relación a los artículos 2 letra f) y, 2 bis de la Ley N° 19.496 y el artículo 51 y siguientes del mismo cuerpo legal, mismos que regulan además el marco de protección del interés colectivo o difuso de los consumidores, pues son estas normas las que deberían ser aplicadas en el fallo de reemplazo que hubiere de dictarse en el evento de prosperar el presente arbitrio».
«Luego, la omisión en que incurre el recurrente genera un vacío que esta Corte no puede subsanar dado el carácter de derecho estricto que reviste el recurso intentado», añade.