El Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago rebajó de 700 a 500 UTM la multa aplicada a la empresa Metrogas S.A. por su responsabilidad en accidente laboral que le costó la vida a prevencionista de riesgos, quien perdió el equilibrio cuando se disponía a sentarse en una silla, cayendo de espalda a la pista central del corredor de locomoción colectiva de Avenida Santa Rosa, calzada donde fue arrollado por un bus del Transantiago, en abril de 2018.
En la sentencia (causa rol 16.477-2018), la magistrada Rocío Pérez Gamboa anuló por redundantes cuatro de los nueve cargos formulados por Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana a la empresa por infracciones en materia de seguridad y condiciones sanitarias de los trabajadores.
«Luego, de la revisión de los cargos formulados, y los que están intrínsecamente asociados al hecho que gatilló la fiscalización administrativa -esto es, el accidente fatal del Sr. Vargas- se tiene que los cargos signados con los números 2, 3, 7 y 8, son derivados de un mismo hecho, esto es, asociado a las condiciones de seguridad que debían ofrecer tanto los baños químicos como el comedor móvil (o provisorio, según consta en el acta de fiscalización) en cuanto a su lugar de emplazamiento, esto es, alejado de la calzada por donde circulan los buses de transporte público», sostiene el fallo.
La resolución agrega: «Que lo observado constituye lo que en doctrina se denomina ‘la persecución múltiple de un hecho que imponga dos o más sanciones administrativas’, en donde de un mismo hecho se le formulan distintos cargos. En estos casos, esta infracción al non bis in ídem, se soluciona con las normas de concurso de infracciones, desde que el bien jurídico lesionado es uno, razón por la cual debe ser un único cargo el que sancione la falta de medidas de seguridad que derivaron en el fallecimiento del trabajador Sr. Alan Vargas Aguilar, por lo que en esta parte, la reclamación deberá ser acogida, debiendo sancionarse únicamente por el hecho signado con el número 7, por comprender de mejor manera el campo de infracción de los hechos constatados en los demás números, resultando redundantes».
«(…) en efecto –continúa–, la circunstancia de mantener un sistema de prevención de riesgos interno (Metroprev) mediante el cual la recurrente pretende homologar sus políticas de prevención de riesgos con las empresas contratistas, no permite acreditar per sé el cumplimiento de este deber de seguridad, toda vez que los cargos formulados -con excepción de aquellos que esta sentenciadora ha señalado que infringen el principio non bis in ídem- pudieron ser evitados si Metrogas S.A. hubiere realizado una supervisión efectiva y permanente de las condiciones laborales existentes en su faena. Si bien acompaña unas actas de aplicación de su sistema interno de prevención hacia Terracon, de conformidad a los criterios en ella consignados, ninguna hace referencia expresa a la detección oportuna de aquello que el fiscalizador sanitario observó en su visita inspectiva».
«Que sobre este punto, es útil además destacar, respecto del hecho principal (el accidente del Sr. Vargas), que los informes emanados por la mutualidad a la cual se encuentra afiliada la recurrente, detectó como una de las irregularidades el emplazamiento del comedor instruyendo la aplicación de medidas correctivas, o del acta del mismo Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Metrogas S.A. que va en la misma línea que el informe entregado por la Asociación Chilena de Seguridad con posterioridad al accidente laboral, todo lo cual formó parte de la prueba rendida en sede administrativa», añade.
«(…) en cuanto a una falta de fundamentación de la sanción como una infracción a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 19.880, se acogerá parcialmente esta alegación solo respecto a los cargos signados con los números 5 y 6 de la respectiva acta de fiscalización, y posteriormente reiterados en la Resolución Exenta impugnada, dado que dichos cargos dicen relación con la falta de un procedimiento de trabajo seguro específico para la labor a desarrollar en los corredores de locomoción colectiva, pero en sede administrativa se demostró mediante la documental allegada a dicha instancia que el trabajador fallecido recibió inducción, entre otras materias, en procedimientos de trabajo seguro de manejo de extintores, radiación UV, qué hacer en caso de accidentes, inspección de terreno y señalización vial y cierres perimetrales, materias que se vinculan intrínsecamente con la función respecto de la cual se encontraba contratado con fecha 06 de marzo de 2018, época en la cual, inició sus funciones para Terracon Limitada», afirma la resolución.
Asimismo, el tribunal tuvo presente que «(…) el acta de fiscalización es en extremo genérica: señala en el cargo número 6 que hay 4 trabajadores respecto de los cuales se reprocha que no recibieron inducción en tales materias, pero ni el acta de fiscalización ni la resolución impugnada se encarga de fundamentar de manera adecuada respecto de este punto, indicando quiénes son los trabajadores, y cuál es el nivel de incumplimiento, máxime cuando respecto del trabajador fallecido se acreditó que recibió las respectivas inducciones, no siendo lógico exigir un procedimiento específico para trabajar en corredores de locomoción pública, cuando la labor del trabajador era prevencionista de riesgos, que lógicamente implica desempeñar labores en terreno, tal y como dan cuenta los documentos acompañados por la actora en sede administrativa».