La Corte Suprema confirmó la sentencia que rechazó la demanda deducida por el Centro de Padres y Apoderados del Colegio Seminario Padre Hurtado en contra del Obispado de Chillán por inscripción de inmueble.

En fallo unánime (causa rol 20.540-2018), la Primera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Guillermo Silva, Rosa María Maggi, Rosa Egnem, Juan Eduardo Fuentes y Arturo Prado– rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, que rechazó con costas la demanda de mera certeza presentada.

«Que, sin perjuicio de las consideraciones antes esbozadas, no puede pasar inadvertido que la sentencia contiene un razonamiento que no ha sido atacado en el recurso de casación y que tiene directa incidencia en lo resuelto. En efecto, el motivo vigésimo primero pone de relieve que ‘las peticiones de la demanda señaladas en los acápites a), b) y c) de fojas 17 no corresponden a una acción judicial de mera certeza o declarativa, como quiera que se refiere a una pretensión que crea, modifica o extingue una situación jurídica. Estas pretensiones procesales se llaman constitutivas, porque en los tres casos se solicita, en último término, una constitución, la creación de un estado de cosas inexistentes, puesto que si se pide que se modifique una situación se está reclamando la creación de una nueva en cuanto la anterior sea modificada; si se pide la extinción se reclama, aunque indirectamente, la constitución de un nuevo estado de las cosas. En la especie, se pide que se declare que el Obispado no es dueño del inmueble sub-lite y por otra parte se solicita que el Centro de Padres y Apoderados del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado, Asociación de derecho privado sin fines de lucro, es el dueño absoluto del citado bien raíz. Se pide en suma, la creación de un nuevo estado jurídico de cosas'», plantea el fallo.

La resolución agrega que: «Reforzando esta idea, la consideración vigésimo segunda concluye que ‘en lo relativo a las sentencias declarativas o de mera certeza, cabe señalar que son aquellas que sólo tienen por objeto declarar la existencia o inexistencia (según sea lo pretendido) de una situación jurídica. Estas pretensiones (y sentencias) tienen como especial característica, la de que basta una declaración del Tribunal para que sean satisfechas. Sólo se limitará a declarar certeza sobre un estado o situación determinada. En el caso de autos, como se dijo, se pretende crear una situación jurídica nueva, en los términos señalados en el motivo anterior, por lo que no hay congruencia entre los hechos fundantes de la acción y las pretensiones expresadas en el petitorio de la demanda'».

«(…) el razonamiento judicial antes transcrito pone de manifiesto que, en el parecer de los juzgadores, la acción declarativa de mera certeza no era la vía para obtener lo pretendido en el petitorio de la demanda. Y, sin embargo, dicha consideración no fue materia del recurso de nulidad sustancial, de suerte tal que, aun en el evento de que fueran ciertos los errores de derecho que se denuncian en torno a la estipulación en favor de otro, las reglas de interpretación de los contratos y normas reguladoras de la prueba, estos carecen de trascendencia al no haberse efectuado reproche alguno respecto de la improcedencia de la acción deducida», añade.

«Por consiguiente, cualquier discusión sobre los yerros de derecho que se denuncian resulta inconducente, ya que aun en el evento de concordar con el recurrente en la infracción de ley y dictarse sentencia de reemplazo, este tribunal forzosamente tendría que arribar a la misma decisión de rechazar la demanda, pues la acción de mera certeza solo puede ser declarativa de una situación jurídica, más nunca constitutiva de una nueva situación, como se pretende en este caso», concluye.