El Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acogió demanda por despido improcedente deducida por ingeniero en contra de la empresa minera Antofagasta Minerals S.A.

En el fallo (causa rol 5.571-2019), el juez Jorge Escudero Navarro acogió parcialmente la demanda presentada y ordenó a la empresa pagar al trabajador el recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio.

«De tales declaraciones se aprecia que la decisión del despido del demandante fue adoptada por don Juan Carlos Alarcón Figueroa, en su calidad de gerente de proyecto, por cuanto aquel se negó a trabajar con la persona que es gerente del área específica, que hoy día lidera el área, que es Fabiola Espíndola, atendido que el actor, según los dichos del testigo, le planteó formalmente en su oficina que él no reconocía el liderazgo de aquella y que no estaba dispuesto a trabajar con ella», plantea el fallo.

La resolución agrega que: «Lo relevante de tales declaraciones testimoniales, que provienen de un testigo presentado por la propia demandada, es que reflejan el real motivo del despido del demandante, demostrando que este se basó en una cuestión de índole subjetiva, antecedentes distan en absoluto de las expresiones que señala como fundamento la carta de despido, lo que, desde luego, obsta para tener por configurada alguna de las hipótesis objetivas de la causal prevista en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, volviendo estéril las alegaciones de la demandada y el resto de la prueba incorporada por su parte con la finalidad de acreditar los hechos señalados en la carta de despido».

«En ese orden de ideas, se acogerá la demanda en cuanto se declarará el despido del actor como improcedente, condenándose a la demandada al pago del recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicios, de conformidad lo dispone la letra a) del artículo 168 del Código del Trabajo. Para efectos de la cuantía de ese porcentaje se atenderá al finiquito de contrato de trabajo, incorporado por ambas partes, en el cual consta que el haber por concepto de indemnización por años de servicios corresponde a la suma de $34.414.738, por lo que resulta cuantificar el aumento legal en $10.324.421, cantidad que deberá pagar la demandada al actor», ordena.