La Corte de Apelaciones de Talca declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la presidenta  de la Federación de Asociaciones de Salud Pública (FEDASAP), que buscaba se dejara sin efecto el oficio circular N°18 dictado en forma conjunta por el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que dispone el regreso de los funcionarios públicos a sus puestos de trabajo.

En fallo unánime (causa rol 1327-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Hernán González, Jeannette Valdés, y el abogado (i) Leonardo Mazzei– declaró inadmisible la acción judicial por corresponder a materias privativas del Poder Ejecutivo y que, además, afectan a todo el país, y no solo a por quienes se recurre o quienes habitan en el territorio jurisdiccional del tribunal de alzada maulino.

«Que los hechos en los que se basa el libelo que precede, en relación con las peticiones concretas que se formulan, no se condicen con aquellos que deben ser conocidos a través de esta vía constitucional, pues inciden no sólo en las personas a favor de las cuales se recurre, sino también respecto de muchas otras, incluso de la población en general. En efecto, lo que se pretende en la especie es que esta Corte ordene que se deje sin efecto una circular suscrita por los Ministros del Interior y de Hacienda destinada a aplicarse en todo el país», sostiene el fallo.

La resolución agrega: «Que las circunstancias invocadas en la acción deducida, dicen relación con el estado de excepción constitucional decretado en el país a raíz de la situación sanitaria que lo afecta, ante lo cual corresponde al poder político y a los entes administrativos y/o militares a cargo de la emergencia, adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger la salud y demás condiciones de las personas y sus familias, velar por el adecuado desarrollo de las diversas actividades de la nación y garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos, incluyendo aquellos que son propios de las organizaciones recurrentes y de cada uno de sus miembros».

«Que lo anterior no significa desconocer las facultades con que cuentan los tribunales de justicia -incluso en estados de excepción- para conocer casos específicos cuyos antecedentes ameriten un pronunciamiento judicial para proteger o restablecer el imperio de derechos constitucionales», añade.

«Y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara INADMISIBLE el recurso de protección interpuesto a lo principal y, en virtud de ello, no ha lugar a la orden de no innovar solicitada al primer otrosí», concluye.