La Defensoría Penal Pública (DPP), que representa el 92 por ciento de los casos del sistema penal, buscará conseguir la libertad de alrededor de 3.000 imputados que permanecen en prisión preventiva, en el marco de las medidas ante la crisis por la pandemia de Covid-19.

El jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la DPP, Tomás Pascual, explicó que enfocándose «en el grupo de delitos que no están dentro de los más graves, sumado a los (imputados) primerizos (que cometieron por primera vez un ilícito) y las condenas que históricamente no son privativas de libertad, aspiramos a tratar de revisar 3.000 casos», de acuerdo con La Tercera.

De hecho, hace dos semanas la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que reúne a diferentes organismos estatales, acordó impulsar gestiones para reducir el número de imputados en prisión preventiva, como una forma de descongestionar las cárceles en medio de la crisis sanitaria. A la fecha, sin embargo, en la Defensoría ven que no se ha traducido en la práctica.

Entre el 3 de marzo y el 14 de abril, según cifras del organismo defensor, éste ha requerido 1.132 audiencias de revisión de medidas cautelares: se han realizado 750, y 242 personas imputadas han podido salir de la cárcel. En tanto, los tribunales han rechazado 508 peticiones y la Fiscalía se ha opuesto en 621 casos a cambiar la prisión preventiva.

Pascual apuntó a la Fiscalía, que «al principio se oponía a todo, a pesar de que el Ministerio Público había manifestado su voluntad de poder revisar los casos de prisión preventiva, lo que es lamentable porque una oposición de 80 por ciento es oponerse a casi todos los casos».

Fiscalía Nacional prepara instructivo con criterios para abordar casos

Desde la Fiscalía Nacional aseguraron que «el fiscal nacional prepara la dictación de un instructivo para los fiscales del país, cuyo objetivo es utilizar los mismos criterios establecidos en el proyecto de ley de indulto conmutativo (que apunta a condenados), beneficiando a un grupo de imputados privados de libertad por delitos menos graves y excluyendo intransablemente a quienes estén recluidos por la comisión de delitos graves».

En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que ha conversado con la Defensoría Penal «para que intente en todos los casos que estime pertinente una revisión de esta cautelar y solicite el cambio de la prisión preventiva por la de arresto domiciliario», y en ese marco, «el esfuerzo de la Defensoría no ha tenido todo el impacto que hubiésemos querido, pero debemos seguir intentándolo».

Subrayó que el propio Ministerio Público «hizo ver que no obstaculizaría mayormente estas gestiones para facilitar la salida de personas de los penales. No obstante ello, sigue siendo reducida la cifra» de modificaciones de la cautelar de prisión preventiva.

Además, la Defensoría cifró en 3.177 las solicitudes de libertades condicionales a nivel nacional que ha cursado en tribunales, los que han otorgado el beneficio en 1.550 casos de condenados (49,4 por ciento).