La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por un grupo de abogados en contra de diversas comisarías de Carabineros de la Región Metropolitana que no les dieron acceso a los registros de detenidos en dichas unidades durante manifestaciones de octubre del año pasado.

En fallo unánime (causa rol 161.842-2019), la Cuarta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Lilian Leyton y Pedro Advis– estableció que el recurso excede las facultades legales al presentarse por una cantidad indeterminada y sin la aquiescencia de los detenidos.

«Que en este entendido, el sustrato fáctico de la acción de protección que se dedujo sobrepasa los límites de la normativa en cuestión, atendido que, como primera cosa, el marco regulatorio se estructura siempre y en todo momento como una garantía del privado de libertad, que resguarda sus derechos en tanto solo confiere la prerrogativa al abogado, en la medida que la información diga relación con un sujeto determinado y la actuación del profesional respecto de este sea debidamente aceptada por el destinatario, circunstancias que como se dijo se apartan de las hipótesis que involucran los alegatos de protección, en que un grupo de abogadas y abogados han pretendido otorgar defensa jurídica a personas indeterminadas y respecto de ellas (totalidad de los detenidos) han solicitado información sin su aquiescencia», plantea el fallo.

Resolución que agrega: «En esta misma comprensión debe analizarse el citado artículo 97 que obliga a los funcionarios que la misma disposición señala a dejar constancia en los registros de haber cumplido las normas legales que establecen los derechos y garantías del imputado y que no alude a algún derecho de los abogados ni a la obligación de exhibición de los registros. En consecuencia, ninguna infracción en esta materia puede observarse por parte de la recurrida.

«(…) en cuanto a la arbitrariedad, no resulta posible concluir que ello se verifique en la conducta de las diversas unidades policiales, atendido que si bien existe coincidencia en cuanto a que en un primer momento se negó el acceso a alguno de los recurrentes tanto a los registros de detenidos como a estos mismos, lo cierto es que las acciones de la recurrida se enmarcaron en el contexto relatado por los recurrentes, pero en miras a la protección jurídica de los detenidos y su resguardo, conforme se indica en el informe, de su propia identidad y privacidad (artículos 92 y 182 del Código de Procedimiento Penal), sin que resultara contradicho que todos los privados de libertad fueron debidamente asesorados y asistidos legalmente. De ahí que la consulta del registro se materializara mediante un protocolo acordado con organismos públicos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos que garantiza los mismos derechos que pretenden los Recurrentes», sostiene el fallo.

«Que ahora –continúa– si alguna duda pudiera existir en lo sucesivo respecto del acceso a los registros de detenidos atento el carácter público de los mismos, cabe rescatar a este respecto lo señalado por el informe de la recurrida, que da cuenta que se adoptaron las medidas tendientes a poner a disposición el listado de detenidos en un lugar a la vista y de público acceso, «para evitar cualquier situación que se pueda gestar en el futuro, cuando por la gran cantidad de detenidos o por los hechos que se encuentren ocurriendo en la ciudad, como fue el estado de excepción y los graves atentados al orden público, las personas y las familias así como también los letrados puedan buscar de forma más expedita la información de quien y porqué se encuentra privado de libertad».

«Luego, cualquier omisión en que pudo estar incurriendo la autoridad, fue subsanada, en concordancia con la norma constitucional y lo dictaminado por el Consejo para la Transparencia en esta materia, razón por la que no cabe medida que adoptar», añade.

«Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo resta concluir que corresponde desestimar los arbitrios, sea por defectos en su formulación, sea porque no se divisa un acto ilegal o arbitrario respecto del cual esta Corte pueda adoptar alguna medida correctiva o de reparación, sea porque la incorrección en el procedimiento fue subsanada, razón por la que resulta innecesario ponderar las alegaciones respecto de la supuesta garantía constitucional conculcada», afirma la resolución.

«Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechazan los recursos de protección deducidos por los abogados ya singularizados en contra de Carabineros de Chile y las comisarias individualizadas», concluye.