La Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia que condenó al fisco y la compañía Axioma Ingenieros Consultores S.A. a pagar solidariamente indemnización a herederos de topógrafo que murió en un accidente de tránsito, registrado cuando participaba en la inspección de una carretera en la Región de Arica y Parinacota.
En la sentencia (causa rol 33.346-2019), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Ángela Vivanco y Leopoldo Llanos– rechazó el recurso de casación presentado por Axioma en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica, que ordenó el pago por concepto de lucro cesante y que aumentó la indemnización por daño moral.
«Que, el primer capítulo del recurso se enarbola sobre una supuesta errada interpretación del artículo 1097 del Código Civil, al afirmar la sentencia impugnada que el lucro cesante se transmite a los herederos del fallecido. Sobre el particular, cabe recurrir al criterio jurisprudencial establecido por esta Corte y que encuentra desarrollado a propósito del fallo dictado en la causa rol Nº 2073-2009, seguido también en el Rol 6669- 2009. En dicha sentencia el problema radicaba en la transmisibilidad del daño moral, sin embargo, con ocasión de la argumentación allí vertida, se indicó lo siguiente: El artículo 951 del Código Civil, que se da por infringido en este recurso se refiere a los bienes y obligaciones que son transmisibles porque, como bien señala el tratadista don Luis Claro Solar, ‘por la sucesión por causa de muerte no pueden adquirirse los que no son transmisibles o que terminan con la muerte de la persona a quien pertenecían; de modo que el patrimonio del difunto puede contener bienes que no forman parte de su sucesión’ (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, volumen VII: De la Sucesión por causa de muerte, Santiago, Editorial Jurídica, 1979, página 12). En concepto del autor, la regla general es que todos los bienes y todas las obligaciones sean transmisibles, constituyendo la excepción aquellos que no lo son, como los ‘derechos cuyo ejercicio es exclusivamente personal o que dependen de la vida de una persona y aquellos cuya transmisión esté prohibida’ (Claro Solar, ob.cit.).
En el análisis la doctrina hace una distinción previa, en lo relativo a la acción por daño patrimonial y la acción por daño moral, para concluir en relación con la primera que ella es transmisible, encontrándose incorporada al patrimonio del causante, cuyos herederos ‘según lo dispuesto en el artículo 2315 del Código Civil’ pueden demandar el daño emergente y lucro cesante, daños patrimoniales que su causante sufrió en vida. (Enrique Barros Bourie, ‘Tratado de Responsabilidad Extracontractual’. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, página 945)», sostiene la sentencia.
La resolución agrega que: «de lo razonado, surge como conclusión que el daño de naturaleza patrimonial es transmisible a los herederos del causante, sin que quepa duda alguna que el lucro cesante comparte dicho carácter, de modo que la referida conclusión le es plenamente aplicable tal como lo ha hecho la sentencia impugnada».
La Corte Suprema también consideró que: «respecto del segundo capítulo del arbitrio en estudio, debe descartarse desde ya la infracción al artículo 1698 del Código Civil, pues no se produce la inversión de la carga de la prueba que postula la recurrente, pues esta Corte ya ha dicho en ocasiones anteriores que en lo concerniente con la indemnización por lucro cesante, debe tenerse en cuenta que este daño es la ganancia frustrada que era dable esperar conforme al curso normal de las cosas y que el hecho dañoso que es la fuente de responsabilidad, justamente impide su obtención. En efecto, en relación a esta reclamación indemnizatoria claramente no se puede exigir prueba del modo que se hace para establecer un hecho que antecede al proceso, porque el que funda la pretensión no ha tenido lugar».
«Tal dificultad –continúa– no puede ser un obstáculo insalvable para las pretensiones de esta clase, las que habrán de ser resueltas teniendo en cuenta que se trata de hechos futuros y, por lo mismo, con algunos niveles de incertidumbre, de manera que la aceptación de una hipótesis fáctica consistente en lo que habría debido ocurrir, o que en determinadas condiciones era dable esperar, depende sólo del mérito de las probanzas que conduzcan a concluir que es razonable aceptar que el hecho futuro habría tenido lugar de no mediar el evento dañoso. Por ello, resulta erróneo exigir una certeza absoluta en cuanto a la existencia y extensión de este tipo de daño, pues por su naturaleza siempre poseerá, como acaba de indicarse, algún grado de incertidumbre. Luego, para evaluar el lucro cesante sólo se exige que se proporcionen antecedentes suficientes que permitan determinar una ganancia probable que deja de percibirse».
«En este sentido, el autor José Luis Diez Schwerter sostiene: ‘Si la víctima de un hecho ilícito doloso o culposo acredita que percibía ingresos y que, salvo excepcionales circunstancias, era racional que los siguiera percibiendo, la existencia del lucro cesante se encontrará probada y los jueces deberán regular su monto, desde que no puede exigirse a su respecto una prueba de certeza absoluta’ (José Luis Diez Schwerter, ‘El Daño Extracontractual, Jurisprudencia y Doctrina’, Editorial Jurídica de Chile, pág. 182). De no aceptarse esta tesis, estas acciones siempre tendrían que ser rechazadas, dejándose de aplicar la norma que dispone que todo daño debe ser indemnizado (a vía de ejemplo, Rol CS N°2292-2015)», añade.