La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, entregó este martes su primera Cuenta Pública en el cargo, la cual comunicó a través de la página web del órgano y redes sociales debido a la pandemia del covid-19.

«Vivimos un momento dramático en la historia de nuestro país y del mundo. Una crisis que requerirá de los esfuerzos mancomunados de todos los sectores de la vida nacional para superarla», sostuvo la presidenta, acotando que el TC «no puede» ser ajeno a ese contexto.

Abordando la gestión administrativa, Brahm recalcó que «para la actual administración del Tribunal la transparencia, la probidad y el otorgar justicia oportuna y de calidad son los ejes ineludibles para cumplir el mandato constitucional que la sociedad ha depositado en esta Magistratura».

Sostuvo que los integrantes del TC, tanto ministros y funcionarios, «ejercemos nuestro rol en forma responsable, conscientes de las obligaciones que pesan», y que no están ajenos al resto de las instituciones. En esa línea se refirió a la relación con el Poder Judicial, con el cual han surgido algunos roces por temas de competencia.

«Con el Poder Judicial la vinculación no solo debe ser cercana, sino que altamente estrecha», zanjó, sosteniendo además que, debido a que las funciones de ambos están entrelazada, se demanda «un diálogo constante, franco, sereno, con respeto en el ámbito competencial respectivo, pero siempre buscando la mejor solución posible al o los problemas que sea necesario resolver, cualquiera sea la contingencia».

«Podemos tener diferencias (con los poderes e instituciones del Estado), pero siempre, esas eventuales discrepancias deben resolverse por los cauces institucionales que solo el diálogo respetuoso y franco permite», concluyó.

 

TC en cifras

Brahm indicó que tanto la crisis social como la sanitaria «nos invitan a reflexionar en torno a diversas cuestiones». «En el ámbito que nos ocupa, a valorar la vida social sujeta a reglas iguales para todos y respetadas por todos, que entreguen seguridad para el desenvolvimiento de la vida personal y colectiva», manifestó en el discurso.

En esa línea, indicó que al interior del TC se ha constatado un aumento en los ingresos de causas, «precisamente en asuntos que inciden directamente en los derechos más básicos de las personas, evidencia que la justicia constitucional ha ido acercándose a la ciudadanía». La presidenta detalló, por ejemplo, que en 2016 llegaron 357 casos, mientras que en 2019 la cifra fue de 2.210.

«Por lejos (es) el año en que, en toda su historia, el Tribunal Constitucional ha debido conocer y resolver la mayor cantidad de acciones, experimentando un incremento de un 32,89% respecto de la anualidad anterior». En 2019, y producto también de un autoacordado que adelantó el horario de inicio de las sesiones ordinarias, ampliándolas además en un día, se despacharon 1.819 sentencias, un 141% más que el año anterior.

Ya analizando el número global de ingresos, la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sigue siendo «la principal vía de acceso en Chile a la justicia constitucional». Prueba de ello, sostuvo Brahm, es que dichos requerimientos representaron un total de 2.181 asuntos. Es decir, el 98,68% de los ingresos totales del periodo, con 1.797 sentencias dictadas.

Brahm recalcó que en los últimos meses se ha buscado reducir los tiempos de tramitación de causas, optándose por una aplicación «prudencial de la suspensión del procedimiento como medida cautelar», considerando que esta implica la paralización del trabajo jurisdiccional que realiza un juez.

 

Nueva Constitución

Cerrando su discurso, la presidenta se refirió a «los graves eventos» registrados desde el 18-O, asegurando que el TC «continuó desempeñando sus funciones sin interrupciones ni contratiempos». «Como Magistratura Constitucional creemos firmemente que todos los cambios, aun los más profundos y significativos que se resuelva llevar adelante, deben adoptarse por medios pacíficos, sin que jamás sea legitimo el uso de la violencia», recalcó.

Por ello, recordó el llamado que hicieron la Suprema y el Tricel el 15 de noviembre para valorar el Acuerdo por la Paz y la nueva Carta Magna: «Ponemos a disposición del país nuestros conocimientos y experiencia, habiéndose cumplido el pasado 23 de enero 50 años desde la creación del Tribunal Constitucional en Chile, para contribuir a las reformas o a la elaboración de una Nueva Constitución».

Fuente: Emol.com