El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya está coordinando sus estrategias para ejercer la defensa judicial de autoridades y organismos públicos contra quienes se han interpuesto recursos de protección a raíz de la pandemia del covid-19.

De acuerdo a lo informado por el órgano, al viernes 27 de marzo se habían presentado 82 recursos de protección en 15 regiones del país contra distintas figuras, como el Presidente de la República, el ministros, seremis de Salud, los jefes de la Defensa Nacional, Gendarmería, Junaeb y Junji.

Ello, acotaron, de parte de profesionales médicos, funcionarios públicos; federaciones sindicales, estudiantes y apoderados, entre otros, quienes solicitan a la Justicia resolver materias de carácter técnico en el ámbito sanitario, pidiendo, por ejemplo, que se decrete cuarentena nacional, ampliación de cordones sanitarios, el uso del modelo de trabajo remoto o teletrabajo.

«Los recursos cuestionan decisiones y acciones privativas del Gobierno en el actual contexto de excepción constitucional adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria que aqueja al país; materia que ya ha sido resuelta por algunas cortes de Apelaciones, fundando sus resoluciones en que no corresponde pronunciarse a los tribunales de justicia por exceder su ámbito de competencia, siendo de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo», acotó el CDE en un comunicado.

Así también, agregan, «lo solicitado no dice relación con medidas cautelares o el ejercicio de garantías constitucionalmente protegidas; conforme lo sostenido en esos pronunciamientos al declarar inadmisibles 33 de estos recursos, seis con sentencia definitiva».

En cuanto a los recursos restantes, 21 se encuentran con admisibilidad pendiente y 28 han sido declarados admisibles. Respecto aquellos en que intervenga el CDE se interpondrán acciones de reposición en defensa de las atribuciones y potestades legales cuestionadas. El consejo señaló que la decisión del Mandatario de declarar el territorio nacional en Estado de Catástrofe «fue fundada adecuada y suficientemente», estando facultado «para adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en el país».

Añadieron que «a la fecha no existe constancia de hechos que constituyan vulneraciones de garantías constitucionales como consecuencia del establecimiento de medidas de cuarentena parcial, y/o en la adopción de metodologías sanitarias o de funcionamiento de los servicios públicos en la actual situación de pandemia».

Fuente: Emol.com