El Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó a la Clínica Las Condes y médicos ginecólogo-obstetra y cardiólogo a pagar solidariamente una indemnización total de $660.000.000 (seiscientos sesenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de paciente que murió por el diagnóstico tardío y mal tratamiento de una embolia derivada de intervención cesárea, en septiembre de 2017.

En la sentencia (causa rol 31.108-2018), el juez Matías Franulic Gómez estableció la responsabilidad de los demandados en el negligente y descuidado tratamiento brindado a la paciente en puerperio.

«Que, en la especie, no cabe duda de que los médicos demandados no entregaron a la sra. Rojas Zarhi una prestación concienzuda, atenta y conforme a los conocimientos de la ciencia, conforme se ha venido razonando, máxime cuando se trata de especialistas, antecedente definitivamente esclarecedor de su negligencia, por lo que no cabe si no concluir que el proceder censurado por los demandantes resultó en buena medida acreditado, y con ello, que la prestación no se ajustó a la lex artis, esto es, al parámetro de comparación de la actividad desplegada por los médicos, caracterizada como una obligación de previsión, asistencia, diligencia, cuidado y garantía», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «A mayor abundamiento, no pasa desapercibido que la angustia que exteriorizaba la paciente, que tanta importancia mereció a los médicos demandados para descartar otros males, casi acatando un dato pretérito proporcionado por los padres, fue otro motivo de alerta desatendido de la presencia de una trombosis venosa profunda. En efecto, en relación al cuadro clínico mencionado y de conformidad al artículo titulado ‘Enfermedad tromboembólica venosa en el embarazo y puerperio. Enfoque de riesgo y diagnóstico’, acompañado al proceso, los autores sostienen que es típico de esta afección que la paciente refiera una intranquilidad inexplicable, reconociendo que otros opinan que se trata de un signo de museo, donde no se reconoce su causa, concluyendo que ‘de todos modos deberá alertar al médico del cuadro morboso que se está presentado‘».

«Los hechos establecidos evidencian un fenómeno de ‘concausas’, vale decir, varias causas, asociadas a distintos agentes, que producen el efecto lesivo. Se trata de circunstancias que ocurrieron en el contexto del parto, especialmente después, que se encuentran interrelacionadas entre si y que en su conjunto ocasionaron la muerte de la sra. Rojas Zarhi. En efecto, existe una conexión necesaria entre las decisiones médicas adoptadas y el fallecimiento de la paciente, como resultado de un conjunto de negligencias», añade.

 

Responsabilidad de la clínica

En el fallo, el magistrado Franulic Gómez hace extensible la responsabilidad de los profesionales de la salud en el deceso de la paciente, a la clínica privada.
«Cabe destacar que Clínica Las Condes también contribuyó al efecto lesivo, como quiera que las prestaciones médicas fueron otorgadas en sus instalaciones, por especialistas con que esa entidad mantiene contratos, independiente de su naturaleza, por lo que su desempeño no puede serle indiferente. De hecho, varios galenos fueron los que intervinieron en el caso en estudio, consistente con la circunstancia de conformar dicho nosocomio una organización sanitaria, con reglas y protocolos», afirma.
Asimismo: «El Tribunal, consciente de que la medicina no es una ciencia exacta, estima que las razones que hacen responsables a los facultativos demandados, son extensibles a la Clínica, entre otras cosas, por haberse acreditado la existencia de diferencias de apreciación, en su aproximación al caso, entre distintos médicos, habiéndose optado por el camino equivocado, que no era el aconsejado, de acuerdo a las alertas de tromboembolismo, correlativas a la intervención quirúrgica propiamente tal y la sintomatología».
«Así –continúa–, la dra. Lorena Quiroz, para detectar si la paciente sufría de una trombosis venosa profunda (TVP) y/o embolia pulmonar (EP), prescribió un examen de laboratorio denominado ‘Dimero D’, cuya necesidad justificó en la existencia de un factor de riesgo (por ser la paciente puérpera), con el propósito de conseguir todos los diagnósticos diferenciales que pudieran explicar la taquicardia, test que arrojó niveles altos, a saber: un 2,60 ug/ml, siendo el intervalo de referencia menor a 0,5. No obstante, la dra. Sahid y el dr. Pineda le señalaron -a la dra. Quiroz- que era normal en el puerperio».
«En la misma línea, las testigos Teresa Rodriguez y Yohana Gonzalez, especialmente la última, expusieron la necesidad de que la madre siguiera usando medias antiembólicas después de la cirugía, consistente con el factor de riesgo antes aludido, que fue desatendido por la tratante y por el cardiólogo demandado. Por ende, no siendo la Clínica un ente aislado, sino que comprometido con la acertada prestación de los servicios médicos, debe responder, por no haber adoptado -a través de sus profesionales- las decisiones idóneas en el caso de la sra. Rojas Zarhi, máxime cuando existieron diferencias entre sus facultativos, demostrando con ello una falta de atención y supervisión inexcusable, máxime cuando quienes acuden a ese centro asistencial y pagan por sus servicios, lo hacen en el convencimiento de que obtendrán una atención solicita y cuidadosa, esto es, de calidad superior», asevera el fallo.
«En suma, no corresponde disociar el rol de la médico tratante de aquel que cumplió el dr. Pineda y la propia Clínica, por tratarse a los ojos de la paciente y de su familia, en definitiva, de un equipo, habiendo actuado todos ellos negligentemente y, por tanto, responsables del cuasidelito civil. Por estas razones, más allá de analizarse el caso con la óptica de la responsabilidad por el hecho propio o ajeno y conforme a todo lo ya tratado, debe atenderse y ponerse el foco en la figura del artículo 2317 del Código Civil, también invocada», concluye.