La Corte Suprema acogió el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de juicio Oral en lo Penal de Valparaíso que condenó al recurrente, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades.

En fallo unánime (causa rol 33.721-2019), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Jorge Dahm, Juan Manuel Muñoz Pardo y el abogado (i) Antonio Barra– ordenó la realización de un nuevo juicio, tras constatar que no quedó registro en la carpeta investigativa del uso de la figura del agente revelador, como exige taxativamente la norma legal.

«Que, como es posible advertir, las conclusiones fácticas alcanzadas por los juzgadores arrancan de la convicción que les produce lo manifestado por el testigo de cargo Sr. Francisco Silva Saavedra, quien aseguró en estrados que la autorización para proceder con la técnica de agente revelador fue verbal y anterior a la coordinación para la compra de droga; no obstante, admite que no existe registro de ello. De esto surge que se incumplió la obligación prevista en el artículo 227 del Código Procesal Penal, que impone al Ministerio Público el registro de todas las actuaciones de la investigación -incluidas las autorizaciones verbales-, omisión que no puede ser subsanada por las aseveraciones del funcionario policial que participó en el procedimiento», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Así las cosas, es dable concluir que no está demostrada la existencia de la autorización previa del fiscal de turno para hacer uso de la técnica de agente revelador respecto del imputado Jorge Ignacio Guzmán Gatica, pues no quedó registro de ello en la carpeta investigativa. Dicha autorización es absolutamente indispensable, no sólo porque lo exige la norma del artículo 25 de la Ley 20.000, sino porque, como ha dicho previamente esta Corte, se trata de una técnica de investigación tan violenta, que ha sido preciso disponer una exención de responsabilidad para quien la usa, desde que doctrinariamente se ha entendido que se ajusta a una forma de instigación delictiva (SCS N° 2958- 2012, de seis de junio de dos mil doce)».

«Tal deber es aún mayor cuando la defensa impugna la existencia de la orden previa al inicio del cometido para llevar a cabo la técnica en comento, por cuanto el persecutor es quien se encuentra en situación de demostrar su existencia, a través del pertinente registro, máxime si se trata de una orden que ha dado una autoridad de ese mismo órgano. Exigir lo contrario, supone pedir la prueba de un hecho negativo», añade.

«(…) a resultas de lo verificado –continúa–, cuando el agente revelador se reúne con el sospechoso y adquiere el estupefaciente, actúa en cumplimiento de una orden dictada con posterioridad a las diligencias efectuadas previamente para ingresar a la aplicación Grindr, contactar al vendedor y acordar los pormenores de la transacción, diligencias que han tenido, sin duda, el carácter de ilegales. Como consecuencia de ello, el registro del imputado por los funcionarios apostados en las inmediaciones, que concluye en el hallazgo de las evidencias de cargo y la entrada y registro posteriores, que emanan de dicha pesquisa, adolecen consecuentemente de ilegalidad, pues surgen de actuaciones de investigación efectuadas en grave contravención a la normativa citada, contaminándose de la ilicitud que pesa sobre la utilización de la técnica de agente revelador, dispuesta por una instrucción verbal que debe tenerse por carente de realidad en el juicio».

Por tanto, concluye que: «se acoge el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del imputado Jorge Ignacio Guzmán Gatica y, en consecuencia, se anula la sentencia definitiva dictada el doce de noviembre de dos mil diecinueve en la causa RUC N° 1900145639-6, RIT N° 392-2019, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso y se invalida, asimismo, el juicio oral que le sirvió de antecedente, debiendo excluirse del auto de apertura -complementado mediante resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso-, toda la prueba del Ministerio Público y retrotrayéndose la causa al estado de celebrarse un nuevo juicio ante el tribunal no inhabilitado que corresponda».