La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Metropolitano Occidente otorgar cobertura y financiamiento para la adquisición de  Palbociclib, fármaco que requiere la recurrente para tratar cáncer de mama.

En fallo unánime (causa rol 171.264-2019), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Alejandro Madrid, Marisol Rojas y el abogado (i) Rodrigo Rieloff– acogió el recurso de protección deducido, tras establecer la prevalencia constitucional del derecho a la vida y a la integridad física por sobre consideraciones económicas.

«Que, no obstante lo señalado precedentemente, resulta que lo que se encuentra sometido a la decisión de esta Corte, constituye la prevalencia de la principal garantía de rango constitucional que es precisamente el derecho a la vida y a la integridad física de la persona, y como no se ha controvertido en estos antecedentes que la enfermedad -cáncer de mamas, que padece la recurrente, pone en peligro dicho bien fundamental, cautelado por una normativa que de acuerdo al ‘orden jerárquico de las normas jurídicas’-; debe prevalecer sobre las leyes y reglamentos señalados, las que se fundan en consideraciones de orden económico, que por muy razonables que pudieran ser, no pueden prevalecer sobre lo afirmado al respecto nuestra Carta Fundamental», sostiene el fallo.

La resolución agrega que: «para casos de máxima gravedad como el que se trata, la autoridad competente necesariamente debe arbitrar las medidas necesarias para cautelar la vida y la integridad física de las personas afectadas por enfermedades de esa entidad, sin que corresponda a esta Corte determinar los procedimientos médicos necesarios, ni la forma como la autoridad de salud dispone la distribución de los recursos con que cuenta sin afectar los derechos de terceros».

«(…) en consecuencia, las razones esgrimidas para negar lugar a la adquisición del señalado medicamento, resultan ser arbitrarias por fundarse en meras consideraciones de carácter económicos que no pueden -como se ha dicho- afectar la garantía constitucional infringida, más aún, cuando la afectación a la misma requiere de una solución de máxima urgencia», concluye.