La Corte de Apelaciones de Santiago aprobó la sentencia que condenó al fisco a pagar indemnizaciones al propietario y pasajeros de automóvil que fue impactado por radiopatrulla de Carabineros que no respetó luz roja. Accidente registrado en la comuna de Lo Espejo, en octubre de 2016.
En fallo unánime (causa rol 1.854-2020), la Tercera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Miguel Vázquez, Alejandro Madrid y Juan Antonio Poblete– confirmó la sentencia dictada por el Décimo Quinto Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
«Que, ahora bien, el sistema de responsabilidad invocado por el actor es el establecido por el artículo 169 del del Decreto Ley N°1 de 2007, y en tal, sentido debe consignarse que dicho precepto establece un estatuto de responsabilidad vicaria respecto del propietario del vehículo y el tenedor de este, en relación al actuar del conductor. Así, el juicio de reproche o imputabilidad no recae concretamente sobre el demandado de autos, cuya relación con la acción enarbolada en autos está dada por su calidad de propietario del vehículo, sino que, recae sobre el actuar del conductor del vehículo, don Rodrigo Alejandro Cabezas Franco, luego, establecida la culpa del mismo, ya acreditada la calidad de propietario que detentaba a la época del accidente Carabineros de Chile, se tendría por concurrente en la especie la imputabilidad que el legislador exige», sostiene el fallo de primera instancia.
Resolución ratificada que agrega: «En relación a lo anterior, este tribunal estima que en la especie existen en antecedentes que permite presumir, con las exigencias de multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia suficientes, la existencia de conducción negligente del funcionario policial como causa de los daños cuya reparación se demanda, particularmente valiosos al efecto son el parte policial, el informe técnico y la copia de expediente reseñados a los numerales primero, segundo y tercero del considerando quinto, así como los videos disponibles en el material audiovisual aportado vía oficio por la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, mismo aportado por los actores y que fue reseñado al considerando séptimo de esta sentencia, video en que queda manifiesta la maniobra mediante la cual el vehículo policial omite la señal de luz roja que le otorgaba preferencia al vehículo placa patente unitaria CVWJ-14, generando el impacto descrito por estos».
«Finalmente, la ilicitud de la conducta del funcionario policial no solo está dada por su desajuste con la conducta esperable de un sujeto medio o el buen padre de familia tal como nuestro ordenamiento jurídico civil exige, sino que fluye además de la evidente infracción de su conducta con lo dispuesto por los artículos 104, Nº1 letra c, 108 y 142 Nº2 de Decreto Ley N°1 de 2007, en efecto el conductor del vehículo de placa patente institucional Z-5288, conducía este, desatento a las condiciones del tránsito, omitiendo la señal de luz roja que le impedía el paso y aun cuando hubiere transitado con balizas y sirenas encendidas -cuestión que no se verifica en los registros de video allegados al proceso- únicamente podría haber efectuado la maniobra que dio lugar al accidente una vez verificado que le fue cedido el paso y no existen riesgos de accidente, cuestión que, ciertamente, no aconteció», añade.
Por tanto, concluye:
«i. Que se acoge la demanda deducida con fecha 2 de julio de 2018, solo en cuanto se condena a la demandada al pago por concepto de daño emergente por las sumas de $5.100.000 a don Héctor Acosta Hernández; $73.170 a don Leonel Cuevas Gómez; y $274.305 a doña Constanza Riquelme Contreras.
ii. Que igualmente se condena a la demandada al pago de $1.000.000 por concepto de daño moral, tanto a don Leonel Cuevas Gómez; como a doña Constanza Riquelme Contreras.
iii. Que las sumas ordenadas pagar devengarán los reajustes e intereses señalados en los motivos vigésimo octavo y vigésimo noveno del fallo».