La ministra de la Corte Suprema Andrea Muñoz participó en el «Laboratorio de Derechos de las Mujeres» organizado en México, en el marco de las actividades de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la edición XX de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
La cita congregó –en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia del país norteamericano- a representantes judiciales de Latinoamérica y expertas internacionales que aportaron insumos para contribuir a la mayor efectividad de los derechos de las mujeres, focalizados en tres áreas de trabajo: Derechos Sexuales y Reproductivos; Feminicidios/Femicidios; y Mujeres y Movilidad Humana.
A la ministra Muñoz le correspondió encabezar y moderar la mesa destinada a reflexionar sobre el femicidio, instancia en la cual planteó la necesidad «de preguntarnos, en relación al ámbito temporal previo, es qué estamos haciendo o qué podemos hacer para garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia de género, como una forma de prevenir que escalen y se transformen en casos de violencia extrema, en femicidios. Creo que el gran desafío es, en primer lugar, comenzar detectando nuestras falencias, para luego poder orientar las acciones de cambio. Hacer los estudios y/o diagnósticos que nos permitan conocer cómo se está abordando el problema».
En esta línea, dio cuenta que «en Chile hemos intentado avanzar en esa dirección: en el año 2018 la Dirección de Estudios de la Corte Suprema (DECS) hizo un estudio de la ley 20.066, sobre violencia intrafamiliar, dictada en 2005, luego de 14 años de su puesta en marcha, que reflejó falencias tanto en la ley como en su aplicación. En lo que aquí interesa, entre sus hallazgos destacan: la escasa intervención interinstitucional de parte del Poder Ejecutivo y la falta de formación de funcionarios y funcionarias, lo que sugiere que el Poder Judicial debería cumplir un rol más activo de coordinación entre las distintas instituciones».
Además, la ministra comentó que la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación «se encuentra realizando el estudio ‘Acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia que son usuarias del Poder Judicial’. Éste tiene por objetivo general describir y analizar cómo los juzgados de letras con competencia en materia penal y de familia, juzgados de garantía y juzgados de familia del Poder Judicial de Chile garantizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de delitos sexuales».
Respecto a los avances el abordaje de la violencia en contra de las mujeres en Chile, la ministra Andrea Muñoz ofreció algunos ejemplos, como la iniciativa del Juzgado de Garantía de Iquique, que «hace un tiempo tiene una coordinación interinstitucional relevante: una de ellas, es que envía la agenda de audiencias programadas al Servicio de la Mujer y la Equidad de Género de la región y, en el evento en que se determine la necesidad de atención y apoyo de las mujeres, las deriva a sus programas; en el caso en que se determine un proceso de intervención con el imputado se le deriva a los centros de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja. Y así, las coordinaciones incluyen al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, Servicio de Salud y también una ONG nacional».
«Otros tribunales –continuó- como el 1° y el 4° de Garantía en Santiago, han implementado días específicos para atender los casos de Violencia Contra la Mujer, en audiencias a las que también concurren, como contrapartida, fiscales/fiscalas y defensores y defensoras con un mayor grado de especialización en la materia; además, uno de estos juzgados, hace seguimiento a las medidas cautelares y a las medidas accesorias de cumplimiento de libertad: la jueza deriva a instituciones de control de impulsos, de tratamiento anti drogas o a Centros de reeducación de hombres que ejercen violencia contra sus parejas o exparejas. Luego, se les hace seguimiento por medio de audiencias, en donde se cercioran de que el sujeto esté realizando efectivamente lo que se le mandató y no haya vuelto a cometer faltas o delitos relacionados contra su pareja o (ex) pareja».
«Así, hay experiencias que nos han ido demostrando que se pueden realizar acciones en pos de mejorar el acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas de violencia», concluyó Andrea Muñoz.