Tras la resolución de la Corte Suprema que desestimó, por 11 votos contra 3, remover al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, la Federación Nacional del Ministerio Público solicitó «revisar todos los procesos en que el Fiscal Nacional ha solicitado la destitución de algún funcionario o funcionaria del Ministerio Público». «Debieran investigarse a los responsables de este perjuicio al servicio, comenzando por quienes lo dirigen”, aseguraron a través de un comunicado.

«Este veredicto de la Corte Suprema de Justicia pone en evidente tela de juicio todo proceso anterior, dejando en la incertidumbre si efectivamente se están utilizando de manera correcta los recursos y las herramientas legales al interior de nuestra institución, las cuales sin control, pueden ser un serio peligro para quienes denuncian situaciones de posible corrupción o malos tratos laborales», manifiesta la agrupación a través de un comunicado y consigna Meganoticias.

La organización de trabajadores ha denunciado en dos oportunidades al Fiscal Nacional, Jorge Abbott  «por prácticas antisindicales, por la persecución que han sufrido algunas de nuestras directoras y directores del gremio».

«Consideramos de suma gravedad el profundo daño que se le ha propinado a la imagen y credibilidad del Ministerio Público y de todos y todas quienes nos desempeñamos en él, por lo que debieran investigarse a los responsables de este perjuicio al servicio, comenzando por quienes lo dirigen”, agrega el comunicado.

Solicitan, también, «un mecanismo de control de externo, que supervise las principales resoluciones del organismo y evite posibles abusos o arbitrariedades.»

El organismo pidió al Gobierno «resolver las problemáticas que arrastra la institución y que están en conocimiento del ministro de Justicia, entre ellas mayor dotación, fiscalización laboral externa, recursos para capacitaciones en persecución penal y derechos humanos, modificación a los procesos de selección de altas autoridades del Ministerio Público mediante el estándar de alta dirección pública y la eliminación de los cargos de confianza, el reconocimiento y pago de asignación profesional, beneficio de incentivo al retiro, entre otras demandas».