La tarde del domingo 20 de octubre, el Congreso Nacional comenzó un proceso inédito de premura en su agenda legislativa para atender las demandas de un Chile agitado, y que en ese minuto tenía a 15 regiones bajo estado de emergencia. El freno para el alza en la tarifa del transporte público -de $ 30 pesos- fue el primer mensaje presidencial que ingresó a la sala de partes de la Cámara de Diputados.
A la fecha, son 116 los proyectos registrados desde que comenzó el estallido social, el pasado 18 de octubre.
El listado reúne las iniciativas del Ejecutivo y las mociones parlamentarias, y que en dos meses ha logrado el consenso y despacho a ley de nueve documentos, donde destacan el aumento del pilar solidario, el ingreso mínimo, la intermediación de Cenabast con farmacias privadas y la reforma que habilita el plebiscito para abril de 2020 con el nuevo proceso constituyente.
Sobre este último ítem, hay unas 20 iniciativas (varias repetidas) dirigidas a precisar su modalidad, sufragio y cuotas de género, escaños para pueblos autóctonos y candidaturas independientes.
Sin embargo, el tema que por lejos destaca, con más de 30 proyectos, es relativo al orden público y seguridad. Consultado el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Felipe Ward, sobre la definición a dar urgencia a temas de seguridad, señaló que esto corresponde a que ‘las movilizaciones no necesariamente han levantado demandas sociales, sino que se ha provocado violencia, desmanes y caos; y frente a eso se requería de una respuesta’.
En materia social, el secretario de Estado señaló que ‘el gobierno trabaja en reformas que se anunciarán prontamente’.
Sobre cambios al sistema de pensiones no existen iniciativas legislativas. En educación destaca el derecho a la asignatura de ‘Educación Física’ y ‘Educación Ambiental’, mientras que en salud hay una moción relacionada a la venta de medicamentos a precio universal genérico.
Estos puntos, explica el diputado Leonardo Soto (PS), serán parte de los argumentos para exigir reformas en las carteras de Hacienda, Salud y Trabajo mediante interpelaciones, agendadas para enero, previo al receso legislativo de un mes.
‘Esto es un ultimátum al gobierno, porque ha permanecido mudo a las respuestas sociales; hemos exigido mesa de negociación con la oposición, porque a 60 días no han ingresado las iniciativas que la gente está esperando’, enfatizó.

Nuevos delitos

El paquete de medidas relacionadas a seguridad coincide con iniciativas legislativas orientadas a agravar sanciones a disturbios desarrollados en las movilizaciones.
Muchos de ellos que actualmente son considerados como faltas podrían transformarse en nuevos delitos, con penas de cárcel.
Robo en lugar no habitado (saqueo), una ley antiencapuchados, incendios en lugares de ejercicio de culto, instalación de barricadas y entorpecer el flujo vehicular (‘El que baila pasa’) serán prioridad la última semana de diciembre. Con algunos contratiempos, por votos cruzados, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) defendió el escalafón para estas tramitaciones. ‘En materia de seguridad se ingresaron normas que no tenían un tratamiento adecuado; en medio de las manifestaciones surgen delitos que no tenían tipificación.
Aquí se buscan herramientas para actuar frente a la crisis.
Tenemos todavía un desorden y necesidad de legislar en torno a la seguridad privada’.
El listado considera tres proyectos que apuntan a sancionar con cárcel efectiva delitos como la colusión y financiamiento ilegal de la política.
El doctor en derecho penal de la Universidad Central, Silvio Cuneo, asegura que ‘se promueve más protección a las policías que a la protesta social (…) No veo muchas normas a favor de los ciudadanos. Faltan las voces expertas que llamen al control y al límite del poder de castigar a los más débiles’.

Fuente: La Tercera