El Ministerio Público ha debido extremar recursos para investigar la alta cantidad de causas por delitos flagrantes que se han registrado en los últimos dos meses en medio del estallido social.
El asunto tiene distintas aristas. Por una parte, están los ilícitos relacionados con saqueos, robos, daños y desórdenes públicos, y por otra, las denuncias de apremios o excesivo uso de la fuerza por parte de funcionarios de Carabineros y la PDI.
De acuerdo a los datos oficiales del ente persecutor, la fiscalía local de San Antonio ya decretó diligencias para investigar 18 causas por violencia institucional y apremios ilegítimos que hayan podido cometer agentes del Estado desde el comienzo de las protestas callejeras, el pasado 18 de octubre.
A 60 días del inicio de las manifestaciones que han transformado el panorama político en Chile, la Fiscalía Regional informó a Diario El Líder que esos 18 casos contemplan un total de 71 víctimas, de las cuales 11 son mujeres.
En paralelo, la semana pasada Carabineros de la Prefectura de San Antonio señaló que mantiene vigentes tres investigaciones sumarias internas contra funcionarios que han sido denunciados por su accionar en las labores de control del orden público desarrolladas durante estos dos últimos meses.

Aumento
La tarea de los fiscales ha sido compleja en este periodo, toda vez que han tenido que utilizar gran parte de su tiempo laboral en aclarar hechos relacionados con las manifestaciones, especialmente cuando los operativos policiales han terminado con cientos de detenidos, situación que también se ha dado en San Antonio.
Al respecto, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, afirmó que «la situación que afecta al país en términos generales y en particular a nuestra región desde el 18 de octubre pasado, ha requerido una redefinición de las prioridades que se estaban trabajando para el último trimestre de este año 2019 en la fiscalía».
La abogada agregó que «el número de procedimientos policiales generados en flagrancia, en niveles que llegaron a un 300 y hasta 400% de aumento, requirió planificar apoyos y coberturas extraordinarias. Así, el desempeño durante el turno diario supuso jornadas extenuantes para los 76 fiscales adjuntos de la región, y asimismo para los funcionarios de las fiscalías que debieron desarrollar su trabajo con jornada laboral sostenidamente reducida por disposición en un primer momento del toque de queda y luego por razones de seguridad».
Esto mismo, dijo la fiscal regional, cambió la configuración de los delitos llevados a control de detención y, así, el 62% de estos correspondió a robos en lugar no habitado, receptación, desórdenes públicos y daños. «Este aumento ha significado que actualmente se substancian investigaciones vigentes en todos los casos en que se formalizó la investigación, los que constituyen la inmensa mayoría de las denuncias con detenidos. De esta forma, las fiscalías locales están trabajando intensamente en realizar las diligencias pertinentes de modo de llevar a juicio todos aquellos casos en que se cuente con antecedentes suficientes», detalló la fiscal regional.

Bandas delictuales, incendios y robos

Claudia Perivancich admitió que la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional tiene un importante volumen de denuncias en las que no hay detenidos en flagrancia. Por lo mismo, aseguró que » regionalmente se han creado cinco focos investigativos en los cuales se está trabajando con la policía con la finalidad de identificar responsables de delitos fundamentalmente de robo e incendio, habida cuenta del importante número de locales comerciales y otro tipo de inmuebles o bienes siniestrados. En esta línea se espera profundizar en la imputación a bandas delictuales que hayan estado operando durante estas semanas».
Además, reveló que en este mismo contexto en la Región de Valparaíso son cerca de 500 las denuncias por hechos eventualmente constitutivos de violencia institucional. «En todos estos casos se está trabajando en base a los criterios nacionales y se actuará con el mismo rigor y debido apego al principio de objetividad que gobierna al Ministerio Público», aclaró.
En esa línea, Claudia Perivancich sostuvo que «tanto las investigaciones por delitos comunes como las que eventualmente se dirijan en contra de funcionarios policiales -respecto de las cuales hasta ahora esta región no cuenta con causas formalizadas- requieren de cierto tiempo para recabar antecedentes y adoptar en su oportunidad las decisiones jurídicas a que haya lugar».

Derechos humanos
El abogado Raúl Devia, activo participante de las manifestaciones en las calles de San Antonio, dijo a El Líder que en este estallido social el Estado ha sido negligente porque durante este periodo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) no ha tenido «asignado un representante permanente en la ciudad», por lo que, a su juicio, «tiene poca capacidad de actuar conforme a la realidad local».
En ese escenario, relevó Devia, ha sido el grupo de abogados voluntarios denominado «Denuncia Detenidos» la entidad que ha apoyado a quienes han denunciado ser víctimas por actos cometidos por agentes del Estado. Añadió que el caso emblemático de apremios ilegítimos registrado en este periodo es el del hincha de San Antonio Unido Carlos Wallis, quien sufrió heridas tras recibir perdigones en la zona yugular cuando participaba de una marcha.
A juicio del abogado, en estos 60 días «se ha criminalizado la protesta pacífica en las calles, pero después cuando (las policías) tienen que actuar contra la delincuencia, que se aprovecha de estas circunstancias, la policía no hace nada y eso quedó a la vista no solo en San Antonio sino que en todo el país».

Fuente: El Líder San Antonio