¿Puede aplicarse alguna restricción a la libertad de reunión? Tres abogados, que imparten clases en tres facultades de Derecho del país, respondieron a ‘El Mercurio’.
El artículo 19 N° 13 de la Constitución establece ‘el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas’ y que estas reuniones cuando se realicen en ‘plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía’.
Ello, en el Decreto Supremo 1.086 (de 1983), que —entre otras cosas— regula el cómo (solicitud de autorización con dos días hábiles de antelación, por ejemplo). Hasta ahí habría acuerdo de los académicos en cuanto a la normativa.
Régimen de autorización. Sin embargo, la profesora Alejandra Zúñiga F., integrante de la comisión técnica sobre el proceso constituyente y académica de la U. de Valparaíso, advierte que ‘el relator especial de Naciones Unidas sobre derechos a reunión y asociación señaló que nuestro marco normativo (que regula el derecho por DS 1.086) es, de facto, un régimen de autorización que no solo contradice la Constitución, sino que es incompatible con el derecho internacional y con las mejores prácticas que rigen la libertad de reunión pacífica’. Por lo que, dice, ‘no me parece que pueda justificarse haber impuesto algún tipo de restricción al concierto del viernes’.
Pudo ser disuelta. El exministro del TC y profesor de la U. de Chile, Enrique Navarro, no cuestiona la regulación vigente y, cree, resulta ‘plenamente aplicable la normativa del derecho de reunión (al caso del viernes)’ y lamentó que esta ‘no ha(ya) sido cumplida’. A su juicio, ‘si se realiza reunión con infracción a las disposiciones, puede ser disuelta por las fuerzas de orden y seguridad’.
Se incurre en infracciones. Para el profesor de la PUCV Eduardo Cordero, ‘una cosa es una reunión y otra un espectáculo masivo, cuya regulación es otra’. Lo que regiría, dice, es la Circular N° 28 de la intendencia, que exige para autorizar un evento, por ejemplo, que el lugar ‘tenga instalaciones sanitarias (baños), acceso a agua potable, condiciones de seguridad’, y que la petición de autorización se haga con 20 días de antelación.
Considera que ‘la autoridad actuó con un criterio de prudencia y razonabilidad, pero no cabe duda que los organizadores de este evento y quienes participaron incurrieron en una serie de infracciones que son objetivas’, afirma. Y recuerda también que los bienes de uso público son ‘una figura bien republicana, que se basa en el principio de igualdad; todos tenemos el mismo derecho a caminar por las calles, a sentarnos y descansar en las plazas’.

Fuente: El Mercurio