«Nos están desapareciendo, secuestrando, matando… ¡Esto es una dictadura!’, gritaba frente al Palacio de Tribunales una mujer del ‘Campamento Dignidad’.
El lunes 9, la ‘Plaza de la Justicia’, o ‘Plaza Montt Varas’, emplazada en el frontis del Palacio de Tribunales y de la sede de Santiago del Congreso Nacional, amaneció con una decena de carpas apostadas en su explanada. Organizaciones del movimiento Unidad Social encabezaban una ‘toma’ con el propósito de iniciar una nueva fase de protestas, en el marco del estallido social. ‘Esta ocupación es indefinida y lo hacemos entre los Tribunales de Justicia y el ex Congreso Nacional porque son dos poderes que deben converger para servir al pueblo. Venimos a ejercer nuestra soberanía’, explicaba durante esa misma jornada el dirigente de ‘No +AFP’, Luis Mesina. La situación generó molestia entre algunos de los magistrados que, a esas horas, iniciaban sus funciones.
Muchos de ellos -según han confidenciado- apoyan las demandas sociales, pero están incómodos por el cuestionamiento de parte de las organizaciones que participan en las protestas. ‘¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! No más jueces corruptos!’, son algunas de las consignas que se leen en los lienzos de quienes acampan desde hace ya siete días frente al principal recinto de tribunales del país. Lo cierto es que en el propio Poder Judicial ha rondado en las últimas semanas su actuación durante el régimen del general Augusto Pinochet. Y -al registrarle las primeras denuncias a Carabineros por violaciones a los derechos humanos- la carga histórica de haber sido obsecuentes con el régimen les ha comenzado a pesar. No pocos recuerdan que al cumplirse 40 años del golpe militar, la Asociación de Magistrados y la Corte Suprema hicieron una histórica petición de perdón a las víctimas por ‘las graves acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado, salvo aisladas, pero valiosas excepciones, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención’.
Aun así, en el Poder Judicial se señala que el escenario actual no se puede comparar con lo que ocurrió en esos años y ya hay voces potentes al interior del gremio que se han preocupado de aclararlo. El propio presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, lo señaló sin titubear el martes 10, a la salida del acto por la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en La Moneda. ‘El Poder Judicial no está al debe’, expresó. ‘Nostalgia de la dictadura’ El estallido social ha motivado profundas reflexiones al interior del Poder Judicial. Una de ellas se llevó a cabo el 28 de noviembre, en el Centro de Justicia de Santiago, en un conversatorio sobre Justicia de Género. Ahí, la presidenta de la Asociación de Magistradas de Chile (Machi), Francisca Zapata, lideró una actividad a la que asistieron juezas, fiscales y defensores públicos. En su intervención, la dirigenta aludió a las solicitudes de creación de una comisión de verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante la crisis social. Así, Zapata señaló que ‘en los últimos días se han escuchado hartas voces que proponen crear una comisión de verdad y justicia. Yo quiero tratar de ser bastante reflexiva al respecto -podemos darle otra vuelta-, pero en principio estoy en total desacuerdo frente a algo así’.
Quienes estaban en la sala, principalmente personeros del sistema penal, asintieron. También estaba la jefa del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, quien, más adelante, confesaría el quiebre que ha tenido con agrupaciones de DD.HH por este tema. Zapata continuó afirmando que ‘hay una tendencia en mucha gente en tratar de entender lo que está pasando de una manera muy calcada a lo que pasó en la dictadura, y el primer problema de eso es que los análisis son bastante desproporcionados y eso también le hace mal a la atmósfera, al ambiente. A veces yo me espanto, porque da la impresión de que hasta se desea que estemos en ese escenario, hay casi una nostalgia de la dictadura, de ser héroe o protagonista de una situación similar y -aunque esto le va a sonar pésimo a mucha gente- yo lo estoy diciendo desde una posición que los que me conocen saben que no fue nada de fácil en dictadura’.
Y remató señalando que ‘mi posición no es superficial, y desde esa posición he tratado harto de imponer la idea de ¡cálmense, muchachos! Este es otro escenario. Desde luego, lo que está pasando es tremendo, no le voy a quitar importancia, pero estamos en democracia con todas sus falencias, tenemos a un Presidente elegido democráticamente, una autoridad constitucional, tenemos jueces independientes, un Ministerio Público con altos grados de profesionalismo y capacitación y tenemos autoridades que tardía, débilmente o con algunos tropezones están disponibles para observadores de derechos humanos’.
La intervención de la líder de Machi en ese foro llegó a oídos de la Corte Suprema. Varios de sus miembros destacaron el análisis de la jueza -que es considerada una de las líderes de los grupos progresistas que existen en el Poder Judicial-, en contraste con las actuaciones de algunos de sus excompañeros de Jurisdicción y Democracia. Uno de los magistrados que ha tenido posiciones controvertidas en el Poder Judicial es el juez Daniel Urrutia, quien a pocos días del estallido señaló que ‘se estaban violando los derechos humanos de gran parte de la población’, y quien se presentó en la comisaría de Baquedano tras la denuncia de la existencia de un supuesto centro de torturas, que -hasta el día de hoy- no ha sido acreditado. Las presiones sobre el Poder Judicial -sin embargo- están lejos de mitigarse. Dos informes de organismos internacionales -Amnistía Internacional y Human Rights Wacht- en los que se señalaban graves vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social motivaron a que el martes 10 diversas autoridades de la Universidad de Chile -reunidas con familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el patio Andrés Bello de la Casa Central- se decidieran a impulsar un ‘Gran acuerdo por los derechos humanos’. La iniciativa tiene como punto central la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación.
‘Queremos en este informe ser muy rigurosos, que no venga la política del empate. Aquí no aceptaremos y no nos pasarán el gol como lo hicieron en el informe de Verdad y Reconciliación’, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira. Uno de los impulsores de esta idea es el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, quien al ser consultado sobre la reticencia de los jueces a validar una instancia de este tipo explica: ‘La justicia (criminal) busca establecer los hechos de un caso particular y asignar responsabilidades, una Comisión de Verdad tiene por objetivo tener una visión compartida socialmente sobre los hechos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre. La verdad judicial es compatible con la verdad histórica’.
Pero la idea no genera consenso, incluso entre abogados que comparten especialización en el tema de derechos humanos. Así, la académica de la UDP Lidia Casas argumentó que una instancia de esta naturaleza -la comisión de verdad- no era necesaria, porque a diferencia de la dictadura militar, ahora las instituciones estaban funcionando. Su opinión quedó plasmada en el conversatorio que organizó el Poder Judicial el 28 de noviembre pasado.
‘Lo siento (la señalada instancia) como un despropósito, porque releva o estaría relevando la ausencia de una serie de otras instituciones que veo actuando. Yo veo funcionando. Han aparecido personas que dicen ‘que si no hacemos esto no habrá reparación’, por ejemplo, y eso funciona con una lógica de la dictadura. A una colega le dije: ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene? ¿El derecho humanitario? ¿Los convenios de Ginebra? Y me dijo, pero si ahí estamos…, entonces cuando alguien me dice eso es porque no entiende’, se explayó la abogada. ‘ Soy directora de un centro de DD.HH. y eso me ha significado un distanciamiento con algunos actores que son defensores sociales de derechos humanos (…). Cuando surgen comentarios como ‘los fiscales son todos corruptos, los jueces son esto…’, ahí siento que no hay interés de protección a las instituciones vigentes y que eso pone en riesgo la democracia. Se puede hacer mucho sin crear una entelequia que haga que esto sea igual que en la dictadura’, remató.
No habrá impunidad Quien tiene la última palabra en materia judicial en Chile es la Corte Suprema y varios de sus miembros se atreven a asegurar que no es necesario crear una instancia especial, porque el sistema penal está funcionando y el de reparación también lo hará. La ministra Ángela Vivanco sostuvo que ‘las comisiones de verdad y justicia se construyen normalmente tras periodos históricos de profunda crisis, en que el Estado ha perdido posibilidades reales de investigar y juzgar atentados contra los derechos humanos, por lo cual hay que hacer un enfoque posterior con órganos especiales y ad hoc para rescatar la verdad y para poder resolver casos con una justicia que no se pudo alcanzar en su momento’.
Y agregó que ‘nada de eso ocurre en la actualidad. Ha habido un importante estallido social, pero ello no ha paralizado el funcionamiento de las instituciones, los tribunales se han mantenido funcionando sin intermedio ni descanso, con gran compromiso y responsabilidad, pese a las dificultades, y las investigaciones se están llevando a cabo en lo que corresponde. No hay ninguna crisis institucional que requiera alternativas de ese tipo. Chile es una República democrática con separación de poderes y estado de derecho, y sigue siéndolo aunque haya tenido que enfrentar diversas tensiones y presiones; debemos tener confianza, porque no estamos en un sistema fallido’. Una mirada similar tiene el también supremo Carlos Aránguiz, quien asegura que ‘no creo que una comisión de índole política pueda ayudar a esclarecer las violaciones de derechos humanos recientes’.
Agregó que, ‘en lo personal, no tengo buenas experiencias como juez con ellas, creo que suelen ideologizarse y obstaculizar las investigaciones judiciales. Investigué casos de la crisis del 1973 y el Informe Rettig tenía para mí un valor más ético que práctico, pues no proporcionaba datos mayores, aunque lo manejaba encima de mi escritorio como signo moral’. En esa línea, dice el magistrado, no cree que ‘actualmente exista una violación sistémica de los derechos humanos, eso es, de nuevo, en mi modesta opinión, una visión sobreideologizada del estado de cosas. Para su prevención y combate bastan, a mi juicio, las instituciones actuales, fiscales, jueces y la mayor parte de la policía, todo ello sumado a una visión contemporánea y apegada a la letra de la Carta Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a que corresponden absolutamente a todas las personas, sin excepción alguna’.
El lunes 9, la ‘Plaza de la Justicia’, o ‘Plaza Montt Varas’, emplazada en el frontis del Palacio de Tribunales y de la sede de Santiago del Congreso Nacional, amaneció con una decena de carpas apostadas en su explanada. Organizaciones del movimiento Unidad Social encabezaban una ‘toma’ con el propósito de iniciar una nueva fase de protestas, en el marco del estallido social. ‘Esta ocupación es indefinida y lo hacemos entre los Tribunales de Justicia y el ex Congreso Nacional porque son dos poderes que deben converger para servir al pueblo. Venimos a ejercer nuestra soberanía’, explicaba durante esa misma jornada el dirigente de ‘No +AFP’, Luis Mesina. La situación generó molestia entre algunos de los magistrados que, a esas horas, iniciaban sus funciones.
Muchos de ellos -según han confidenciado- apoyan las demandas sociales, pero están incómodos por el cuestionamiento de parte de las organizaciones que participan en las protestas. ‘¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! No más jueces corruptos!’, son algunas de las consignas que se leen en los lienzos de quienes acampan desde hace ya siete días frente al principal recinto de tribunales del país. Lo cierto es que en el propio Poder Judicial ha rondado en las últimas semanas su actuación durante el régimen del general Augusto Pinochet. Y -al registrarle las primeras denuncias a Carabineros por violaciones a los derechos humanos- la carga histórica de haber sido obsecuentes con el régimen les ha comenzado a pesar. No pocos recuerdan que al cumplirse 40 años del golpe militar, la Asociación de Magistrados y la Corte Suprema hicieron una histórica petición de perdón a las víctimas por ‘las graves acciones y omisiones impropias de su función al haberse negado, salvo aisladas, pero valiosas excepciones, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención’.
Aun así, en el Poder Judicial se señala que el escenario actual no se puede comparar con lo que ocurrió en esos años y ya hay voces potentes al interior del gremio que se han preocupado de aclararlo. El propio presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, lo señaló sin titubear el martes 10, a la salida del acto por la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en La Moneda. ‘El Poder Judicial no está al debe’, expresó. ‘Nostalgia de la dictadura’ El estallido social ha motivado profundas reflexiones al interior del Poder Judicial. Una de ellas se llevó a cabo el 28 de noviembre, en el Centro de Justicia de Santiago, en un conversatorio sobre Justicia de Género. Ahí, la presidenta de la Asociación de Magistradas de Chile (Machi), Francisca Zapata, lideró una actividad a la que asistieron juezas, fiscales y defensores públicos. En su intervención, la dirigenta aludió a las solicitudes de creación de una comisión de verdad y justicia ante las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante la crisis social. Así, Zapata señaló que ‘en los últimos días se han escuchado hartas voces que proponen crear una comisión de verdad y justicia. Yo quiero tratar de ser bastante reflexiva al respecto -podemos darle otra vuelta-, pero en principio estoy en total desacuerdo frente a algo así’.
Quienes estaban en la sala, principalmente personeros del sistema penal, asintieron. También estaba la jefa del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, quien, más adelante, confesaría el quiebre que ha tenido con agrupaciones de DD.HH por este tema. Zapata continuó afirmando que ‘hay una tendencia en mucha gente en tratar de entender lo que está pasando de una manera muy calcada a lo que pasó en la dictadura, y el primer problema de eso es que los análisis son bastante desproporcionados y eso también le hace mal a la atmósfera, al ambiente. A veces yo me espanto, porque da la impresión de que hasta se desea que estemos en ese escenario, hay casi una nostalgia de la dictadura, de ser héroe o protagonista de una situación similar y -aunque esto le va a sonar pésimo a mucha gente- yo lo estoy diciendo desde una posición que los que me conocen saben que no fue nada de fácil en dictadura’.
Y remató señalando que ‘mi posición no es superficial, y desde esa posición he tratado harto de imponer la idea de ¡cálmense, muchachos! Este es otro escenario. Desde luego, lo que está pasando es tremendo, no le voy a quitar importancia, pero estamos en democracia con todas sus falencias, tenemos a un Presidente elegido democráticamente, una autoridad constitucional, tenemos jueces independientes, un Ministerio Público con altos grados de profesionalismo y capacitación y tenemos autoridades que tardía, débilmente o con algunos tropezones están disponibles para observadores de derechos humanos’.
La intervención de la líder de Machi en ese foro llegó a oídos de la Corte Suprema. Varios de sus miembros destacaron el análisis de la jueza -que es considerada una de las líderes de los grupos progresistas que existen en el Poder Judicial-, en contraste con las actuaciones de algunos de sus excompañeros de Jurisdicción y Democracia. Uno de los magistrados que ha tenido posiciones controvertidas en el Poder Judicial es el juez Daniel Urrutia, quien a pocos días del estallido señaló que ‘se estaban violando los derechos humanos de gran parte de la población’, y quien se presentó en la comisaría de Baquedano tras la denuncia de la existencia de un supuesto centro de torturas, que -hasta el día de hoy- no ha sido acreditado. Las presiones sobre el Poder Judicial -sin embargo- están lejos de mitigarse. Dos informes de organismos internacionales -Amnistía Internacional y Human Rights Wacht- en los que se señalaban graves vulneraciones a los derechos humanos durante el estallido social motivaron a que el martes 10 diversas autoridades de la Universidad de Chile -reunidas con familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en el patio Andrés Bello de la Casa Central- se decidieran a impulsar un ‘Gran acuerdo por los derechos humanos’. La iniciativa tiene como punto central la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación.
‘Queremos en este informe ser muy rigurosos, que no venga la política del empate. Aquí no aceptaremos y no nos pasarán el gol como lo hicieron en el informe de Verdad y Reconciliación’, dijo la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira. Uno de los impulsores de esta idea es el coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, quien al ser consultado sobre la reticencia de los jueces a validar una instancia de este tipo explica: ‘La justicia (criminal) busca establecer los hechos de un caso particular y asignar responsabilidades, una Comisión de Verdad tiene por objetivo tener una visión compartida socialmente sobre los hechos ocurridos en Chile desde el 18 de octubre. La verdad judicial es compatible con la verdad histórica’.
Pero la idea no genera consenso, incluso entre abogados que comparten especialización en el tema de derechos humanos. Así, la académica de la UDP Lidia Casas argumentó que una instancia de esta naturaleza -la comisión de verdad- no era necesaria, porque a diferencia de la dictadura militar, ahora las instituciones estaban funcionando. Su opinión quedó plasmada en el conversatorio que organizó el Poder Judicial el 28 de noviembre pasado.
‘Lo siento (la señalada instancia) como un despropósito, porque releva o estaría relevando la ausencia de una serie de otras instituciones que veo actuando. Yo veo funcionando. Han aparecido personas que dicen ‘que si no hacemos esto no habrá reparación’, por ejemplo, y eso funciona con una lógica de la dictadura. A una colega le dije: ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene? ¿El derecho humanitario? ¿Los convenios de Ginebra? Y me dijo, pero si ahí estamos…, entonces cuando alguien me dice eso es porque no entiende’, se explayó la abogada. ‘ Soy directora de un centro de DD.HH. y eso me ha significado un distanciamiento con algunos actores que son defensores sociales de derechos humanos (…). Cuando surgen comentarios como ‘los fiscales son todos corruptos, los jueces son esto…’, ahí siento que no hay interés de protección a las instituciones vigentes y que eso pone en riesgo la democracia. Se puede hacer mucho sin crear una entelequia que haga que esto sea igual que en la dictadura’, remató.
No habrá impunidad Quien tiene la última palabra en materia judicial en Chile es la Corte Suprema y varios de sus miembros se atreven a asegurar que no es necesario crear una instancia especial, porque el sistema penal está funcionando y el de reparación también lo hará. La ministra Ángela Vivanco sostuvo que ‘las comisiones de verdad y justicia se construyen normalmente tras periodos históricos de profunda crisis, en que el Estado ha perdido posibilidades reales de investigar y juzgar atentados contra los derechos humanos, por lo cual hay que hacer un enfoque posterior con órganos especiales y ad hoc para rescatar la verdad y para poder resolver casos con una justicia que no se pudo alcanzar en su momento’.
Y agregó que ‘nada de eso ocurre en la actualidad. Ha habido un importante estallido social, pero ello no ha paralizado el funcionamiento de las instituciones, los tribunales se han mantenido funcionando sin intermedio ni descanso, con gran compromiso y responsabilidad, pese a las dificultades, y las investigaciones se están llevando a cabo en lo que corresponde. No hay ninguna crisis institucional que requiera alternativas de ese tipo. Chile es una República democrática con separación de poderes y estado de derecho, y sigue siéndolo aunque haya tenido que enfrentar diversas tensiones y presiones; debemos tener confianza, porque no estamos en un sistema fallido’. Una mirada similar tiene el también supremo Carlos Aránguiz, quien asegura que ‘no creo que una comisión de índole política pueda ayudar a esclarecer las violaciones de derechos humanos recientes’.
Agregó que, ‘en lo personal, no tengo buenas experiencias como juez con ellas, creo que suelen ideologizarse y obstaculizar las investigaciones judiciales. Investigué casos de la crisis del 1973 y el Informe Rettig tenía para mí un valor más ético que práctico, pues no proporcionaba datos mayores, aunque lo manejaba encima de mi escritorio como signo moral’. En esa línea, dice el magistrado, no cree que ‘actualmente exista una violación sistémica de los derechos humanos, eso es, de nuevo, en mi modesta opinión, una visión sobreideologizada del estado de cosas. Para su prevención y combate bastan, a mi juicio, las instituciones actuales, fiscales, jueces y la mayor parte de la policía, todo ello sumado a una visión contemporánea y apegada a la letra de la Carta Universal de los Derechos Humanos, en cuanto a que corresponden absolutamente a todas las personas, sin excepción alguna’.
Fuente: La Tercera