En cerca de $3.000 millones cifró el Poder Judicial, a través de su Corporación Administrativa (CAPJ), los costos que implicará el proceso de reparación de los tribunales atacados a lo largo del país durante la crisis social; el que además tardaría al menos dos años.

Aquella suma, añadieron, es sin incorporar el proceso de reconstrucción del Juzgado de Letras de Colina, incendiado en 80%, que podría alcanzar los $5.000 millones.

Respecto dicho lugar, sin embargo, se maneja también otra opción: que sea incorporado a la construcción de un nuevo centro de justicia en Colina, lo que requerirá de una inversión mayor de $21.000 millones, dependiendo del tipo de construcción, tiempos y competencias que se incorporen. Y es que durante durante el período correspondiente entre el lunes 21 de octubre al martes 10 de diciembre, la CAPJ registró un total de 97 tribunales con diferentes tipos de daños provocados por las manifestaciones sociales, que afectó a diversas instalaciones judiciales desde Arica a Punta Arenas.

Los más afectados, precisaron, son el Juzgado de Colina, el Palacio de Justicia de Concepción -donde funciona la Corte de Apelaciones de Concepción, y los tribunales civiles, familia y laboral de esa ciudad-, y el Centro de Justicia de Puente Alto -que alberga los Juzgados de Familia, Juzgados de Letras del Trabajo y Juzgados Civiles de dicha comuna-.

Asimismo, el Consejo Superior de la CAPJ instruyó a los administradores zonales del país entregar los antecedentes disponibles sobre estos hechos al Ministerio Público para realizar las denuncias respectivas. Ello, además de informar al Consejo de Defensa del Estado (CDE) de estos hechos.

El director de la CAPJ, Ricardo Guzmán, indicó que estos daños fueron generados principalmente por apedreos, lo que ocasionó rompimiento de vidrios y mamparas y rejas perimetrales, además de rayados exteriores.

«Esta situación nos obligó a reforzar la seguridad de las instalaciones y a tomar las medidas de seguridad que permitieran mantener la continuidad del servicio otorgado, dar la protección necesaria a los intervinientes en las distintas causas, proteger y resguardar la seguridad de las personas que acuden y trabajan en estas instalaciones, y velar por las instalaciones físicas», sostuvo y consigna Emol.